La Comisión Europea recordaba a España recientemente que mantiene una de las diez legislaciones más restrictivas de la UE para el desarrollo del comercio. Desde Bruselas lamentan que la modernización del sector minorista esté “condicionada” por la parsimonia y falta de acción de los gobiernos autonómicos y locales.

Mientras la coyuntura mejora, gracias a la recuperación del consumo doméstico, muchas empresas sufren las mismas rigideces estructurales de antes de la crisis debido a una regulación gravosa que mina su crecimiento. Y no sólo en el comercio.

El último informe sobre perspectivas empresariales de EY, señala que el exceso de regulación, los cambios permanentes, la falta de eficiencia de los procedimientos administrativos o la inseguridad jurídica preocupan al 60% de las empresas.

En un mundo en el que el primer competidor global del retail es chino, opera 24 horas por Internet y no tiene ni un solo establecimiento abierto en Europa, algunas administraciones se empeñan en poner las cosas difíciles a las empresas que crean inversión y empleo local. Por ejemplo, Mallorca ha impuesto una moratoria para nuevas tiendas; Cantabria cerró el comercio todos los domingos durante la campaña de Navidad; la cuarta ciudad más turística de España, Alicante, ha establecido el cierre total de persianas en festivos; mientras que CCAA como Cataluña, Aragón y Asturias mantienen impuestos discriminatorios sobre los grandes formatos comerciales.

La lista es más larga, aunque también hay excepciones. La Comunidad de Madrid, que liberalizó sus horarios comerciales en julio de 2012, ha generado el 48% del empleo en el comercio de toda España.

El balance económico de la liberalización de horarios en Madrid abre precisamente el primer número de nuestra newsletter, un nuevo canal de información con toda la actualidad trimestral de la distribución comercial.