La Asamblea General de ASAJA-Andalucía celebrada ayer en la sede de la Caja Rural del Sur en Sevilla ha reelegido como presidente de la asociación a Ricardo Serra Arias, presidente de ASAJA-Sevilla, vicepresidente de ASAJA-Nacional y miembro del Consejo Económico y Social de la Unión Europea (CESE) en representación de los agricultores españoles.

Junto a Ricardo Serra los compromisarios de las ocho provincias andaluzas han elegido vicepresidente primero al presidente de ASAJA-Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, y vicepresidente segundo al presidente de ASAJA-Almería, Francisco Vargas Viñolo.

La accidentada campaña de gestión de la PAC que cerraremos la próxima semana, con retrasos y continuas incidencias; los malos precios agrarios, el incremento de los costes de producción, especialmente de los abonos y las tarifas eléctricas; la proliferación de robos en el campo pese al trabajo de los grupos ROCA de la Guardia Civil; la continua reducción de la lista de fitosanitarios permitidos para proteger los cultivos, la necesidad de garantizar el suministro de agua en todos los sectores y comarcas, los acuerdos comerciales con terceros países, la apuesta decidida por el relevo generacional y la eliminación de impuesto de sucesiones en Andalucía, han sido algunos de los asuntos a los que el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, se ha referido en su intervención, en la que ha instado a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a trabajar conjuntamente para facilitar la actividad de los agricultores y ganaderos y a plantear una regulación racional de esta actividad, que en los últimos años se ha visto lastrada por un superávit regulatorio y normativo de muy difícil cumplimiento.

Previa a la Asamblea General Extraordinaria se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación que aprobó las cuentas anuales auditadas y el balance de gestión del ejercicio de 2015. Un año en el que ASAJA-Andalucía ha estado muy pendiente de la reforma de la PAC, las ayudas asociadas a los sectores en crisis, la situación de las tarifas eléctricas, el desarrollo de la Ley de la Dehesa, los problemas de la seguridad rural, la nueva normativa de pagos de la PAC, el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP), la gestión de las ayudas de Desarrollo Rural, la redacción e implementación del nuevo PDRA 2014-2020, la situación de los seguros agrarios, el precio de los inputs, los convenios colectivos del campo y el proyecto LIFE-Dehesa, entre otros asuntos.