El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, lamentó ayer que Europa haya cedido a la presión de las autonomías, alimentando la contaminación política del agua, que antepone los intereses localistas y electorales al interés general.

Del Campo -que salió al paso de la aprobación del informe europeo que sugiere revisar los planes de cuenca del Ebro y el Tajo, tras las quejas de ecologistas y algunos gobiernos autonómicos- recordó no obstante que el texto no es vinculante y, por tanto, carece de mandato legal, de manera que su contenido son meras propuestas.

En este sentido, destacó que el Parlamento Europeo carece de conocimiento técnico suficiente para pedir una revisión de la gestión del agua en España, hasta el punto de que el informe contradice la propia Directiva Marco de Aguas al pedir, por ejemplo, aumentar los caudales mínimos para diluir los contaminantes de las aguas, cuando lo que hay que hacer es descontaminar debidamente el agua que se vierte al río procedente de las depuradoras.

Por otro lado, insistió en que pedir un diálogo constructivo entre las autoridades españolas, las regionales, las ONG´s y la sociedad civil para llevar adelante la planificación hidrológica carece de sentido, puesto que en el proceso de aprobación de este segundo ciclo no sólo hubo un extenso y amplio proceso de participación pública, sino que todos los planes obtuvieron un apoyo superior al 80% en el Consejo Nacional del Agua, donde están representados todos los actores implicados en la gestión del agua (usuarios, autonomías, ecologistas…).

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “seguimos manteniendo que la planificación hidrológica española ha seguido un proceso estratégico de evaluación ambiental, donde los usuarios hemos cedido ante unos caudales mínimos demasiado ambiciosos, que incluso comprometen nuestra garantía de agua para regar, pero que se han calculado de acuerdo a criterios técnicos y científicos. Por lo tanto, consideramos que estos planes son el marco estable para garantizar el reparto de agua».