La inspección de Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno central, está llevando a cabo en los viñedos valencianos una campaña de control sin precedentes tanto en lo que se refiere al número de efectivos que están peinando las zonas productoras de uva como al celo desmedido que aplican a la hora de requerir todo tipo de documentos y rastrear en los aspectos más mínimos y secundarios cualquier motivo que sirva para abrir un expediente sancionador.

La actitud que están exhibiendo los inspectores de Trabajo, sobre todo en la principal comarca vitivinícola de la Comunitat Valenciana: Utiel-Requena, está generando un enorme y creciente malestar entre los agricultores, quienes consideran que semejante despliegue no se corresponde en modo alguno con la realidad laboral de un sector que se caracteriza por su elevadísimo grado de cumplimiento de la ley en esta materia. Durante los últimos días están llegando hasta la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) decenas de quejas de los viticultores, quienes consideran que está campaña inspectora constituye una persecución injustificada.

AVA-ASAJA, que ha colaborado activamente en los últimos años y lo sigue haciendo en el desarrollo de múltiples iniciativas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores temporeros y para que los agricultores que los contratan se ciñan a todas las exigencia legales, está en condiciones de asegurar que la práctica totalidad de los empleados que prestan sus servicios en los viñedos lo hacen de acuerdo a todos los requisitos que establece la ley y, por supuesto, están dados de alta en la Seguridad Social y el salario que perciben es el que establece el convenio.

En consecuencia, AVA-ASAJA reclama a la inspección de Trabajo un cambio de actitud y que aplique el sentido común en sus actuaciones, ya que el modo en que está ejecutando los controles es percibido por los viticultores como una auténtica persecución difícilmente justificable porque no guarda proporción alguna con la realidad laboral de este colectivo. Y es que el celo desmedido en los controles del que hablan los afectados se plasma en hechos como la apertura de expedientes sancionadores tras descubrir que algunos de los trabajadores en lugar de llevar las botas que establece la norma usan zapatillas deportivas porque a muchos de ellos les resulta más cómodo ese calzado para realizar sus tareas en las explotaciones.

“Como es lógico y normal, nosotros no nos oponemos en modo alguno ni a que se realicen inspecciones ni a que se cumpla la ley –afirma el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado–, pero una cosa es que se vigile para evitar abusos y otra muy distinta que se persiga a los agricultores con requerimientos burocráticos llevados al extremo. El Gobierno tiene que recapacitar y colaborar con sectores que viven una crisis tan profunda como el nuestro en lugar de desincentivar el empleo aplicando una presión que, reitero una vez más, no está justificada. De lo que deberían preocuparse los gobiernos es de cómo van a proporcionarnos el agua que nos falta o de lo que pueden hacer para que el agricultor perciba precios justos”.

En este sentido, AVA-ASAJA recuerda los sucesivos convenios de colaboración firmados con la Generalitat, actualmente con Vicepresidencia y conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, para facilitar alojamiento digno a los trabajadores temporeros que acuden a la vendimia, así como formación y equipos adecuados. “Por tanto –asegura Aguado– los viticultores valencianos llevan años acreditando su compromiso no ya con el cumplimiento de las obligaciones laborales, sino también con la mejora de la condiciones de vida de sus empleados”. Fuente: AVA-ASAJA