En la cumbre que se celebrará hoy en León, en la que se reunirán, por un lado, Zapatero y Schröder, y paralelamente existirán negociaciones entre la Ministra española Elena Espinosa y la Ministra alemana Renate Kuenast, es necesario que se plantee firmemente la posición española sobre la propuesta de reforma de Fischler.

Tras las distintas peticiones realizadas desde esta Organización, el 23 de julio, en el Consejo de Ministros celebrado en León, Rodríguez Zapatero asumió la propuesta de COAG de convertir la paralización de esta reforma en una de sus principales prioridades de gobierno, convirtiéndola en un problema de estado. En esta misma línea se manifestó Espinosa a la que desde esta Organización se la ha trasladado todo el apoyo en este tema, pero también se la ha asegurado que COAG va a presionar con fuerza a los políticos españoles para que mantengan la máxima firmeza en las duras negociaciones que se avecinan en los próximos meses si se quiere frenar el desastre que para el campo de Castilla y León podría suponer que la reforma de Fischler siguiese adelante con los postulados que ahora mismo plantea.

Desde esta Organización, tras la manifestación llevada a cabo por los cultivadores en Bruselas días atrás, se considera que ha llegado el momento de que sea el propio Presidente del Gobierno el que tome las riendas de las negociaciones para tratar de paralizar una reforma que va a acabar, de hecho, con uno de los sectores más dinámicos de la agricultura española y, por ende, de Castilla y León. La remolacha es uno de los cultivos que más asegura el mantenimiento de actividad, facilita el desarrollo rural y el asentamiento de población, por tanto debe ser especialmente conservado si realmente se quiere que siga existiendo vida en nuestros pueblos.

Esta organización considera que en los 35 años de vigencia del regimen europeo del azúcar en base a unas cuotas y precios éste ha funcionado perfectamente ofreciendo a los cultivadores unos niveles de rentas dignos. Los agricultores apuestan de una forma decidida por decir no a unas ayudas compensatorias y reclaman una política de precios dignos para la remolacha similares a los actuales, con un sistema de cuotas que se ha autorregulado perfectamente hasta la fecha causando muy poco gasto a las arcas comunitarias.