Madrid, 24 de noviembre´04. El Consejo de Agricultura de la Unión Europea ha aplazado hasta el 2005 la propuesta de la Comisión para reformar el marco legislativo del azúcar y la remolacha en la UE, COAG anima al Gobierno a consolidar las alianzas necesarias para lograr una reforma adecuada de este estratégico sector del que viven más de 20.000 familias en nuestro país.

De la propuesta de la Comisión se deduce que el principal objetivo es abaratar el precio de las materias primas para la industria consumidora, principalmente dedicadas a la fabricación de refrescos y repostería en la UE. Una propuesta que no antepone en ningún momento los objetivos que deberían ser prioritarios para el sector remolachero-azucarero, para los consumidores, y para los países en vías de desarrollo.

La Comisión echa por tierra el futuro del campo europeo y divide una vez más a los Estados en dos bloques: Los mercantilmente competitivos, que conservarán la producción en unas condiciones mucho más intensivas y perjudiciales para el medio ambiente y pretende acaparar la producción y los perdedores, que no alcanzan la alta competitividad, aunque la actividad productora les haya permitido mantener su economía y la población de sus zonas rurales. En el Estado Español, desaparecería el cultivo tras la segunda reducción de precios que propone la Comisión, ya que los márgenes netos se tornarían negativos en todas las regiones productoras. En virtud de la transferibilidad de cuotas entre Estados, la producción se desplazará a aquellos con menores costes de producción. Los agricultores españoles sufrirán unas pérdidas que rondan los 60 millones de euros al año, sin contar los recortes de cuota. Los remolacheros de la UE perderán unos 900 millones de euros al año, más las pérdidas por los recortes de cuotas, que se estiman en unos 350 millones de euros más.

El responsable del sector remolachero de COAG, José Luis Ocio, ha declarado que “Desde COAG defendemos el mantenimiento de la producción de remolacha y de la transformación en todos los países que han conservado hasta ahora sobrada capacidad y aptitudes para esta actividad, tomando criterios de equidad y beneficio social, para mantener el mayor número posible de agricultores y trabajadores en las zonas remolacheras dedicados a esta actividad, teniendo como prioridad a la explotación familiar a la hora de definir las políticas de redistribución de cuotas. COAG propone que se priorice la producción respetuosa con el medio ambiente, evitando la concentración de la producción, que es causa de una sobreexplotación de recursos y del agravamiento de las enfermedades del suelo”.

Para la consecución de estos objetivos es necesaria una reforma de la Organización Común de los Mercados del Azúcar en la UE diametralmente opuesta a la que se nos ha presentado. Dicha reforma debería basarse en los siguientes pilares:

– Mantenimiento de los precios de la remolacha y del azúcar en los niveles actuales. Las ofertas liberalizadoras de la Ronda de Doha no justifican la dimensión de las reducciones propuestas, ya que de abordarse una reducción arancelaria del 36%, el precio de acceso resultante para el azúcar se situaría sobre los 520 €/tm, mientras que la propuesta de la Comisión prevé una reducción hasta 421 €/tm,

– Descartar el establecimiento de ayudas como instrumento de mantenimiento de rentas y apostar por el precio como medio de remunerar la producción. La propuesta de compensar con ayudas la reducción de precios es contraria al argumento de ahorro presupuestario que maneja la Comisión. El sector agrícola no desea estar subsidiado ni depender de ayudas públicas, sino que busca un precio que remunere suficientemente la remolacha; pero manteniendo el sistema de intervención pública como única manera de garantizar la estabilidad de los precios, descartando la idea del sistema de almacenamiento privado.

– Mantenimiento de las cuotas A y B de azúcar, intransferibles entre Estados miembros. El consumo interior de azúcar de cada país debe ser la referencia para establecer las cuotas A de producción. Concentrar las eventuales reducciones de cuota exclusivamente sobre el azúcar B, que es la que genera distorsiones en el mercado y ha sido objeto de restituciones a la exportación.

– Incremento de cuota en aquellos países con un déficit de cuota respecto al consumo, como es el caso de España y mantenimiento de las cuotas de azúcar en manos de los Estados miembro, evitando el trasvase de cuota de unos a otros, según las disposiciones actuales.

– Restricción de las importaciones cuando los parámetros de calidad no superen los mínimos establecidos en la UE y cuando los procesos a los que se someta al cultivo y al producto transformado no se ajusten a lo permitido en la Comunidad. Las nuevas exigencias de trazabilidad deben operar también sobre las importaciones de azúcar en la UE.