Madrid, 28 de junio 2006. Desde hoy y hasta el próximo domingo, los ministros de Exteriores de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, OMC, se reúnen en Ginebra para intentar cerrar un acuerdo que suponga la liberalización del comercio a escala internacional La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, se muestra contraria a la liberalización del comercio agroalimentario y exige la exclusión de la agricultura del proceso negociador de la OMC; la producción agroalimentaria no debe someterse a criterios exclusivamente economicistas porque ello implicaría factores de alto riesgo para la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

En este sentido, COAG insta a la Unión Europea a mantenerse, en este nuevo encuentro, en una posición que le permita gestionar sus propios mercados y mantener una agricultura multifuncional asentada en todo el territorio Según la organización, alcanzar un resultado que desemboque en una mayor presión sobre los precios y la producción agraria, sería contrario a lo que prometieron los Ministros de la UE a sus agricultores. “La estrategia de la Unión Europea está resultando un fracaso en la Ronda de Doha. Constantemente se está usando la agricultura como moneda de cambios para conseguir mejoras en la exportación de bienes y servicios a los países terceros. Durante la última década, los agricultores europeos han sido sometidos a reformas substanciales de su política agraria y han tenido que afrontar serias reducciones de precios y de su volumen de producción, para poder satisfacer las demandas de la OMC. Sine embargo, ninguna de las preocupaciones europeas, medio ambiente, indicaciones geográficas, etc.., están siendo consideradas por el resto de países”, ha apuntado Javier Sánchez, responsable de Relaciones Internacionales de COAG.

Asismismo, la liberalización definitiva del comercio de productos agroalimentarios amenazaría la viabilidad de importantes sectores en la UE tales como el azúcar, frutas y hortalizas, carne de vacuno, porcino y ave. El desmantelamiento de los aranceles que gravan la importación de estos productos supondría un acusado recorte de la producción, lo que tendría como consecuencias inmediatas una significativa reducción en el número de activos en el sector agrario y en la industria agroalimentaria ligada al mismo.

La actual liberalización del comercio internacional está acabando con el modelo social de agricultura tanto en el Norte como en el Sur. Gran parte de la actual liberalización del comercio mundial de productos agrícolas ha estado orientada a lograr que los países en vías de desarrollo se volcarán masivamente a la producción de cultivos para la exportación. Esta situación, en teoría, les permitiría importar alimentos baratos garantizando así su “seguridad alimentaría”. Sin embargo, esto no ha sucedido en ningún lugar del mundo; en Argentina, por ejemplo, la producción de cultivos de exportación como la soja, el trigo y las oleaginosas no han logrado evitar que gran parte de la población pase hambre.

Las cifras son ilustrativas: el 60% de la población mundial vive en el medio rural, más de 840 millones de personas pasan hambre, el 75% de las personas pobres y hambrientas del mundo, según datos de la FAO, viven de la agricultura, de la ganadería, del pastoreo o de la pesca y más de la mitad del PIB de más de un centenar procede de la producción agropecuaria. En este contexto, los intercambios comerciales son elementos importantes para las economías, pero no pueden ser la prioridad en todos aquellos países en los que la población está pasando hambre, ya que lo que necesitan es asegurar su alimentación.

La prioridad de los Estados no puede consistir en aplicar mecanismos para la liberalización del comercio agrario cuando los datos que se desprenden de la propia OMC dicen que sólo el 10% de la producción mundial de alimentos es la que se comercia en los mercados internacionales y que un 74% de la misma está concentrada en sólo 14 países. “En un contexto internacional en el que los precios de los productos básicos siguen bajando y no cubren los costes de producción, una acción política responsable no puede dar prioridad a la promoción de una agricultura exportadora centrada en monocultivos”, ha matizado Sánchez.

COAG mantiene que no se puede anteponer la promoción de una agricultura exportadora, sin asegurar un tejido productivo extendido sobre la base de la población que vive y trabaja en el campo, basado en la diversificación de cultivos que cubran la mayor parte de las necesidades del país y sin potenciar la transformación alimentaria y sus propios mercados internos. Es necesario defender el concepto de soberanía alimentaria, entendido como el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias ya que la experiencia ha demostrado los perversos efectos de las zonas de libre comercio para los núcleos rurales; miles de campesinos obligados al abandono de su explotación para desplazarse a las zonas urbanas.

Por todo ello, y porque entendemos que el actual marco de regulación del comercio internacional no permite ningún avance, COAG demanda que la agricultura y la alimentación salgan de las negociaciones comerciales.