Madrid, 25 de febrero´04. Son las agricultoras y ganaderas, cónyuges de la explotación familiar agraria las grandes olvidadas en las sucesivas reformas de la Política Agraria Común, aunque representan el 37% de mano de obra ocupado en el sector y dirigen 1 de cada 5 explotaciones en la Unión Europea.

Si bien existe toda una reglamentación europea que hace referencia a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de las zonas rurales, la aplicación de dichas normativas queda a criterio de los Estados Miembros y desafortunadamente no todos tienen la misma sensibilidad a la hora de desarrollarlas en sus territorios.

Desde COAG entendemos que, en dentro del borrador de la Ley Marco de Agricultura y Desarrollo Rural que el Ministerio ha presentado, hay cabida para el Estatuto jurídico de la agricultora, un texto que regule los derechos y obligaciones como profesionales del sector que son, que reconozca la igualdad de oportunidades a las mujeres para acceder a los planes de mejoras, créditos, ayudas, jubilación y a la representatividad dentro de las OPAS, cooperativas y órganos de decisión con referencias profundamente masculinizadas.

COAG propone la cotitularidad o titularidad compartida de la Explotación familiar agraria. Entendiendo por Titularidad compartida aquella actividad que se produce en las explotaciones en las que ambos cónyuges ejerzan la actividad agraria de forma directa y personal, responsabilizándose los dos de la gestión de la misma; COAG demanda también la puesta en marcha de una Ley Integral contra la violencia de género, teniendo en cuenta la realidad rural (distancia entre municipios, falta de servicios etc.), así como una reforma de la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral para que se contemplen las condiciones específicas de las labores agrarias y la casuística del medio rural.