Madrid, 17 de diciembre de 2004. – En la reunión mantenida hoy con el sector el Secretario General de Agricultura, Fernando Moraleda, ha comunicado a las organizaciones agrarias y cooperativas la decisión definitiva del ministerio sobre el modelo de aplicación de la PAC que se aplicará en nuestro país. Dicha propuesta definitiva será, en su opinión, ratificada en la reunión de la Conferencia Sectorial que se mantendrá el lunes con las Comunidades Autónomas.

El Gobierno, en contra de los planteamientos defendidos por ASAJA, se propone aprobar el acoplamiento del 25% en cereales, el 50 % de acoplamiento en el sector de ovino y caprino, la opción 1 en el sector del vacuno, la aplicación del artículo 69 que propone recortes adicionales en las ayudas, la penalización en las compra-ventas de derechos de hasta un 50% y la no-movilidad de los derechos en todo el territorio nacional. Igualmente, ha fijado como definitivo, en el aceite de oliva, un desacoplamiento del 95%.

En el sector de cultivos herbáceos donde todo parecía indicar que iba a haber desacoplamiento total, dado el alto grado de consenso que ésta opción mantiene, el Gobierno ha optado por acoplar el 25% para así poder aplicar recortes adicionales a través del artículo 69. Con esta decisión, ASAJA considera que España corre el riesgo de no seguir percibiendo la misma cantidad de fondos que ha venido recibiendo de la UE hasta ahora.

Alegando un posible riesgo de abandono de la actividad, sobre la base de unos estudios teóricos que se han realizado utilizando parámetros alejados de la realidad que suponen explotaciones inamovibles y sin reestructuración, el Gobierno ha optado por una opción que, en opinión de ASAJA, coarta la iniciativa del sector, dificulta la adaptación de nuestras estructuras a la nueva situación y, en definitiva, producirá una pérdida de competitividad del sector agrario español, dejando nuestros mercados en manos de otros países que estarán encantados de ocupar las posiciones que vamos a ceder.

Por otra parte, la convivencia de los dos sistemas que se van a aplicar supone un aumento de la complejidad burocrática de todo el proceso de forma gratuita.

Con la aplicación del artículo 69, en poco mas de dos años, los recortes en la PAC superarán el 20% en cada expediente. Además, la propuesta del ministerio de destinar el dinero de éstos recortes a medidas horizontales, en nuestra opinión, incumple lo que establece el reglamento comunitario ya que debería ser destinado exclusivamente a dicho sector.

La propuesta no permite la movilidad de los derechos en todo el territorio nacional y propone un peaje en las compra-ventas que realicen los agricultores y ganaderos de hasta un 50% del valor de los derechos que pasarían a la Reserva Nacional. Sin lugar a dudas, esto conllevará un bloqueo importante en el mercado de derechos.