Desde que a mediados de 2002 Franz Fischler adelantara sus propuestas para reformar la Política Agraria Comunitaria (PAC), estamos en continua polémica sobre si las nuevas medidas benefician o no a los agricultores españoles.

Los que estaban entonces en el Gobierno no están ahora y los que estaban en la oposición rigen ahora el futuro del país. Hasta ahí lo más normal en un país democrático como España que ha pasado por un proceso electoral. El problema es que la mudanza ha llevado consigo una variación de ideas.

Lo que está fuera de dudas es que el cambio de la PAC ha sido radical, desde apoyos a la producción a dispositivos de pago único en forma de rentas directas para los agricultores, así como, un reforzamiento del denominado segundo pilar de la PAC, es decir, el desarrollo rural, y que la reforma Fischler debía acatarse al haber contado con el apoyo mayoritario de los países de la Comisión Europea.

Tan sólo quedaban pendientes algunas medidas que debía decidir el Estado Miembro, entre las que destaca el desacoplamiento, parcial o total, de las ayudas comunitarias. Pues bien, aquí es donde nuestros políticos han hecho oídos sordos a las demandas del sector agrario y ganadero y han escogido la opción más perjudicial para los intereses del sector primario. Concretamente, se ha desacoplado un 95 por 100 del total de las ayudas en el caso del olivar, y del 50 por 100 de las subvenciones al ovino y caprino. En cambio, se mantienen acopladas las asignaciones monetarias a la producción para el 25 por 100 de las ayudas a los cultivos herbáceos, al 100 por 100 en las primas de vacas nodrizas, y el 40 por 100 en el ternero de sacrificio.

Sin lugar a dudas, el “pacto final” para muchos agricultores. ¿Es tan difícil escuchar la voz de los interesados? ¿Por qué se menosprecia de esta manera al sector agrario? Vayamos por partes, en materia de cultivos herbáceos las organizaciones agrarias demandábamos un desacoplamiento total, a excepción de la organización de la que era secretario general el número 2 del Ministerios que solicitó un estudio, lo que también es correcto.

Son muchas las razones que nos han llevado a demandar esa opción del desacoplamiento, todas ellas en defensa de los intereses de los productores. En cambio, los gobernantes han preferido defender hoy los intereses de los intermediarios y operadores comerciales que mañana pueden elegir libremente importar su mercancía por razones exclusivamente económicas, lo cual es muy lícito. Somos el único país junto a Francia que ha elegido el desacoplamiento parcial con la única diferencia de que nuestros rendimientos agronómicos están por los suelos y los de Francia, por las nubes, lo cual nos sitúa en posiciones distintas a la hora de competir.

En el sector del aceite de oliva se ha cometido la mayor injusticia de la historia perpetuándose una desigualdad territorial que debería haberse acabado ya. Un agricultor de Jaén seguirá cobrando hasta 3.000 euros por hectárea mientras que hay agricultores de Castilla-La Mancha que no llegarán a los 180 euros por hectárea. Es cierto que después del acuerdo tanto por parte del Ministerio como de la Consejería de Agricultura se ha anunciado un programa regional al objeto de satisfacer las aspiraciones castellano-manchegos, esto es, una ayuda mínima de 300 euros por hectárea para el olivar de bajo rendimiento.

No quiero entrar en la decepción que el desacoplamiento de las ayudas al aceite de oliva ha provocado entre los oleicultores de Castilla-La Mancha que han luchado hasta el último momento para defender sus intereses, tan sólo es importante subrayar ahora que ese programa debe ser financiado íntegramente con recursos propios del Ministerio de Agricultura o de la Unión Europea, lo que no aceptará esta Organización bajo ningún concepto es que se detraiga al agricultor ni un solo euro de las ayudas comunitarias para sufragar dicho programa. Es hora también de que se tenga en cuenta verdaderamente la opinión del sector y que esto no se convierta en una batalla política interna porque lo que está en juego es la supervivencia de los oleicultores y que en Castilla-La Mancha son más de 90.000 los perceptores de ayudas al aceite de oliva.

Hay demasiados motivos para que los agricultores se pongan en guerra contra un Ministerio que parece atrincherado en sus posicionamientos, como se evidenció en las medidas raquíticas para paliar los altos precios del gasóleo que originaron una de las mayores manifestaciones que ha convocado ASAJA. Se puede ir entendiendo la desilusión que los agricultores tienen en la clase política, muchos dicen no sentirse representados, porque tanto desde la oposición como desde la clase gobernante se especula con los intereses del campo.

Cada vez existe una mayor desconfianza puesto que son muchos los compromisos políticos que acaban en papel mojado. ¿Por qué no se ha puesto en marcha el Plan Especial del Alto Guadiana? Había un compromiso de que el nuevo Plan lo conoceríamos en octubre, al menos, antes de que finalizara el 2004. Pues bien, según el calendario de tramitación del Plan, éste no se aprobará hasta finales de 2005.

Además existe un sentimiento cada vez más generalizado de que el sector primario no recibe el mismo trato que el resto de sectores productivos de nuestro país. En cualquier otro sector se tiende a fomentar la rentabilidad empresarial, en el sector agrario a la empresa que destaca hay que crucificarla. Del asunto de la modulación de las ayudas agrarias ya hemos dicho nuestra posición ahora habrá que ver qué otros recortes se producen porque parece ser que el agricultor está condenado a tener siempre lo mismo. Lo de aumentar el capital, la capacidad productiva y, en definitiva, la rentabilidad de la explotación, de la empresa, del trabajo, debe ser para otros … Todo ello en medio de un contexto global hacia una agricultura moderna.

En fin 2005 trae consigo muchas novedades que exigirán un esfuerzo de adaptación por parte del sector agrario y ganadero. Confiemos en que el año nuevo suponga un verdadero despegue para la economía agraria lo cual deberá ir acompañado de decisiones políticas acordes con los intereses de los beneficiarios, en este caso, los agricultores. De lo contrario, será necesario radicalizar nuestras posiciones porque el sector rechaza la manipulación actual a la que está sometido.

Toledo, 5 de enero de 2005