9.junio.2005. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), rechaza enérgicamente el informe aprobado ayer por el Pleno del Parlamento Europeo en el que se propone que los países perceptores de ayudas directas de la PAC vean recortados sus fondos en el periodo 2007-2013. Si los jefes de Estado y de Gobierno de la UE llegan a un acuerdo sobre el informe sobre perspectivas financieras aprobado ayer por el Parlamento Europeo, en la Cumbre de la próxima semana, significaría que España podría dejar de ingresar hasta 1.300 millones de €uros (188 millones al año), que además tendrían que verse compensados con la aportación de fondos del presupuesto nacional.

Para UPA esta decisión del Parlamento Europeo supone un nuevo intento de renacionalización de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que atenta directamente contra las políticas de cohesión y vulnera los acuerdos adoptados en la Cumbre de Bruselas donde se fijó un marco de estabilidad presupuestario para el periodo 2007-2013 que ahora se intenta modificar con el apoyo de Alemania, que quiere de esta forma resolver sus problemas económicos internos y del Reino Unido, que saldría beneficiado igualmente con esta propuesta.

UPA agradece la oposición de los grupos socialista y popular españoles del parlamento europeo, y aunque la decisión de la Eurocámara no es vinculante para los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, podría ser el principio del fin de la Política Agraria Común. Si a esto se une la propuesta de reducir también los fondos estructurales y de cohesión que podrían representar para España una disminución de ingresos de casi 40.000 millones de €uros en 7 años, estaríamos ante una situación dramática para el sector agrario español y para el mundo rural donde viven más de 12 millones de habitantes que hasta ahora han venido recibiendo unas ayudas europeas vitales para el desarrollo y el mantenimiento económico de miles de pueblos de España.

UPA espera que el Gobierno español, en la Cumbre de la semana próxima encuentre países aliados suficientes para frenar todas estas propuestas tan negativas para una gran parte del territorio español y en última instancia en el seno del Consejo, España tendría la obligación de ejercer su derecho de veto para que estas propuestas no salgan adelante.