Palencia, 30 de septiembre de 2005.- COAG Coordinadora Agraria de Castilla y León considera una auténtica desvergüenza e irregularidad política la adjudicación por parte de la Consejería de Agricultura de 200.000 euros a las organizaciones Asaja y UCCL, un importe que resulta exagerado para la realización de determinados trabajos y encuestas que han de estar finalizados antes del próximo 10 de noviembre de 2005.

Con esta adjudicación José Valín se salta las más elementales normas de la decencia política y comete un descarado acto de amiguismo y trato de favor hacia dos organizaciones totalmente volcadas en facilitar los objetivos políticos del Consejero. A este respecto basta recordar las convocatorias, totalmente politizadas e instrumentalizadas por la propia Consejería, de las manifestaciones del 5 de agosto en Valladolid y del próximo 15 de octubre en Salamanca, por citar sólo algunos ejemplos recientes. Así, y mediante un bochornoso procedimiento administrativo de muy dudosa legalidad, Valín utiliza el dinero de todos para pagar generosamente los servicios prestados por organizaciones claramente vinculadas a la estrategia política del Consejero.

EL PROCEDIMIENTO

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó en su número 149, de 3 de agosto, la Resolución de 1 de agosto de 2005, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y bajo la forma de concurso, para la “Realización de los trabajos de campo
de la encuesta sobre precios de la tierra y cánones de arrendamientos rústicos y otras actuaciones en Castilla y León”.

El jueves 22 de septiembre, en el número 184 del BOCyL, se publicó la Resolución de 16 de septiembre de 2005 por la que se hacía pública la adjudicación del concurso antes citado. Según dicha resolución, se adjudicaba a la Unión de Campesinos de Castilla y León el lote nº 1, por importe de 100.000 euros, y a Asaja Castilla y León el lote nº 2 por otros 100.000 euros.

Si bien pudiera dar la impresión de que todo se ha realizado correctamente, lo cierto es que no existe precedente de que la administración pública haya utilizado el procedimiento de licitación para encargar trabajos a las organizaciones sociales, que normalmente acceden a través de convocatorias de ayudas públicas abiertas al conjunto de entidades vinculadas directamente con el sector que se trate. El procedimiento de licitación y concurso público se dirige casi en exclusividad hacia la realización de trabajos por empresas especializadas, a las que se les requiere una serie de condiciones a cumplir, como la de disponer de la correspondiente calificación que avale la capacidad y solvencia en las materias objeto del trabajo, para poder contratar con la administración pública.

Sin embargo en la licitación que nos ocupa se ha confeccionado un pliego de condiciones hecho “a medida” para las dos organizaciones que finalmente han obtenido la adjudicación. Este hecho puede entrar en contradicción con la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, ya que el sistema de puntuación fijado en el concurso no garantiza la capacidad y solvencia de las entidades adjudicatarias para la realización de este tipo de trabajos.

COAG Coordinadora Agraria estudiará la posibilidad de emprender acciones contra esta adjudicación, aunque más allá de las consideraciones legales, ha quedado en evidencia que se trata de una maniobra para desviar fondos públicos a premiar las actuaciones de organizaciones dóciles a los intereses del Consejero, lo que representa de por sí un lamentable acto de caciquismo que, por higiene democrática, el presidente de nuestra comunidad no debería consentir.

El cambio experimentado por José Valín en los últimos tiempos le aleja definitivamente de aquel Consejero que procuraba la máxima objetividad en su gestión, lo que le valió el apoyo del sector aunque no siempre se compartieran algunas cuestiones. Ahora se ha convertido en un político visceral, interesado y ramplón, y ya empieza a ser vox pópuli, cada vez más generalizada, que José Valín debe dejar cuanto antes una responsabilidad institucional para la que ya no vale, puesto que está utilizando su cargo y la propia Consejería para su provecho político.

Nuestra organización se dirigirá a los grupos parlamentarios en las Cortes regionales para hacerles llegar esta denuncia, solicitándoles que, desde sus respectivas competencias, hagan esfuerzos para recuperar la sensatez y cordura que algunos parecen haber perdido en la Consejería de Agricultura.