Toledo, 31 de mayo de 2006.- Representantes de la Sectorial de Agua de COAG-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha se han reunido con el Presidente de la Confederación Hidrográ-fica del Guadiana, Enrique Jesús Calleja, para transmitirle la necesidad urgente de poner en marcha en el marco del Plan Especial del Alto Guadiana medidas que garanticen el futuro de los acuíferos de la zona y den solución a la situación de los agricultores angustiados por las sanciones y por la incertidumbre de si dispondrán o no de dotaciones suficientes para sacar adelante sus cultivos. Calleja por su parte esbozó las líneas generales del Plan en el que la Confederación está trabajando y ofreció canales de diálogo abiertos para que final-mente dicho Plan cuente con el consenso más amplio posible.

La Sectorial de Agua de COAG-Iniciativa Rural de Castilla-La Mancha, encabezada por su secre-tario general, José Rodríguez Villarreal, presentó al Presidente de la Confederación las propuestas de la organización para el Plan Especial del Alto Guadiana. Estas consisten básicamente en la puesta en marcha de un Plan de Adquisición de Derechos que se destinarían por un lado, a la re-cuperación del acuífero y por otro, a la constitución de un Fondo Social con el que poder abordar una reordenación de las captaciones con criterios sociales que garantice agua suficiente y el dere-cho a usarla a los agricultores profesionales y a las explotaciones familiares de cultivos leñosos y sociales. Estas medidas deben ir acompañadas de la generalización en la instalación de caudalí-metros para mantener un control razonable de las extracciones. Así mismo, COAG-IR ha dejado constancia en la reunión de que el control y la reordenación no son suficientes para cumplir los objetivos de restauración de las masas de agua subterránea de la Cuenca Alta del Guadiana en los plazos obligados por la Directiva Marco de Agua y que, por lo tanto, el Plan Especial no puede renunciar a que se estudien las condiciones en las que puede resultar necesario o conveniente el aporte de recursos externos a la Cuenca para acelerar el proceso de restauración y poder aliviar así cuanto antes las tensiones sobre la zona.

Por su parte, el Presidente de la Confederación expuso que el Plan en el que se está trabajando coincide en líneas generales con las propuestas de COAG-IR en el sentido de contemplar un Plan de Adquisición de derechos y/o tierras y un Centro de Intercambios desde que abordar la reorde-nación de las extracciones mediante la transferencia de derechos entre particulares, pero bajo la tutela pública. Para ello la Confederación considera indispensable el paso de los derechos de titu-laridad privada a derechos de concesión. Por otro lado, el Plan conllevaría la participación de la Administración regional que contaría con un cierto margen para, en el marco de una planificación integral del regadío, contribuir a la reordenación de las extracciones desde un fondo público que establecería prioridades aún por definir pero, en la que podrían caber perfectamente los criterios sociales defendidos por COAG-IR. Respecto a las posibilidades de acudir en el futuro a aportes de recursos externos para mejorar la recuperación de la cuenca, el señor Calleja precisó que este es el momento de poner orden y hacer una gestión racional y sostenible de los recursos de la cuenca por que son los únicos de los que se puede disponer con total seguridad.

La organización ha insistido en lo complicado que es llevar a cabo el proceso de elaboración del PEAG en un ambiente crispado por las sanciones y las amenazas de cierres de pozos. COAG-IR ha recordado el compromiso de moratoria asumido en su momento por el Ministerio de Medio Am-biente y que, en cualquier caso, deben dársele una salida a esta situación que no conlleve perjui-cios irreparables a los agricultores a los que, posteriormente el plan puede hacer beneficiarios de una concesión. Así mismo ha urgido a que se resuelvan con la mayor celeridad los expedientes de solicitud de captaciones que la Confederación tiene pendientes, en muchos casos desde hace años.

En este sentido, el Presidente de la CHG manifestó a COAG-IR que ahora se dispone ya de las herramientas administrativas para poder dictar una resolución rápida sobre esos expedientes. En cuanto a las inspecciones y sanciones, el Sr. Calleja expresó que la Confederación ni está dis-puesta a consentir, ni puede hacerlo, situaciones de abuso en las extracciones como las que se han vivido en años precedentes. No obstante, se mostró de acuerdo con los representantes de la organización cuando estos les señalaron que el rigor con el que se aplique la Ley no debe ser traumático y que el tratamiento de esas situaciones de abuso debe ser distinto al que se dé a agri-cultores que sólo han pretendido sacar adelante sus explotaciones.

Para finalizar, el Presidente de la Confederación ofreció mantener abiertos los canales de diálogo con la organización y a abrir el Plan Especial del Alto Guadiana al consenso con todos los agentes implicados en cuanto se disponga, en breve, de un borrador definitivo.

A la salida de la reunión, el secretario general de COAG-IR expresó que “Resulta difícil sentirse satisfecho cuando uno mira al campo y ve los problemas que estamos padeciendo los agricultores y la angustia que se producen por las multas y por no saber si se podrá o no regar; pero, al me-nos, tras tantos años de esperar el Plan Especial, parece haber un proyecto claro en el que se tie-ne en cuenta a los agricultores profesionales”. Por su parte, José María Oñate, uno de los porta-voces de la Sectorial y miembro del Consejo Regional del Agua añadió que “aún quedan muchas cuestiones por definir y entre ellas, el papel que va a jugar la Administración regional y los criterios de prioridad que se van a establecer para diseñar el modelo de regadío y de regante que quere-mos favorecer con los instrumentos que nos proporcione el Plan”. Por último, Apolonio Moreno, también de la Sectorial de Agua de COAG-IR y miembro del Consejo Económico y Social de Casti-lla-La Mancha apuntó que “la mejor manera de que la Administración demuestre su voluntad políti-ca de arreglar el problema es empezar a hablar de presupuestos y el Plan puede estar perfecta-mente planteado y consensuado, pero si no hay una dotación económica suficiente para acometer un plan ambicioso de compra de derechos será imposible acometer la reordenación que se nece-sita para facilitar el derecho al uso del agua a quienes viven del trabajo en sus explotaciones”.