La Junta de Castilla y León tramitó en 2005 las ayudas al sector agrario acogidas al régimen de “mínimis” por las que se compensaba en parte los elevados costes del gasóleo agrícola de 2004, consistente en 0,06 euros por litro consumido, siendo requisito que el solicitante estuviese dado de alta en la Seguridad Social como agricultor y al día en el pago de las cuotas, así como acreditar más ingresos de la agricultura que de otra actividad.
El desastroso cruce informático que hizo la Dirección General de Producción Agropecuria de la Junta, tanto con Hacienda como con la Seguridad Social, llevó a una masiva denegación de expedientes, sin causa justificada para ello, y particularmente los de agricultores pertenecientes a sociedades (sociedades limitadas, sociedades civiles, cooperativas, sociedades agrarias de transformación,..). La mayoría de estos agricultores presentaron recurso de alzada, aportando documentación de la Seguridad Social y de Hacienda justificativa de estar al día en las obligaciones con estos organismos, y por tanto de cumplir los requisitos exigidos por la normativa para cobrar la ayuda.
Casi un año y medio más tarde de haberse solicitado la ayuda, se contesta el recurso de alzada en el mismo sentido que la denegación inicial, sin haberse leído dicho recurso y mucho menos haberse tenido en cuenta las pruebas aportadas, dándose situaciones como la de denegar la ayuda por no cumplir las obligaciones con la Seguridad Social a quien lleva 30 años de alta en el régimen pagando religiosamente las cuotas mes a mes.
ASAJA ha denunciado en reiteradas ocasiones los despropósitos en la tramitación de ayudas por parte de la Dirección General que regenta Baudilio Fernández-Mardomingo, pues situaciones similares se han producido por ejemplo en la tramitación de las ayudas a la sequía, también de su competencia.
ASAJA considera que el Director General es un auténtico irresponsable incapaz de gestionar las ayudas agrícolas de su competencia, y no quiere pensar que las haya denegado intencionadamente a sabiendas de que pocos o ninguno de estos agricultores van a recurrir a la vía Contencioso- Administrativo para que les den una razón que tienen desde el principio y que les ha arrebatado la incompetencia administrativa.
ASAJA solicitará hoy al Consejero que se admitan recursos de Revisión, aunque la mayoría de los afectados, impotentes ante esta situación han optado por “tirar la toalla” y dar el dinero por perdido.
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