El ministerio de Agricultura ha enviado a las organizaciones agrarias la memoria económica que acompaña al anteproyecto de Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural en la que se recoge un compromiso de gasto de 500 millones de euros al año como financiación adicional para desarrollar los aspectos que en ella se recogen. Estos recursos provendrán de fondos europeos distintos del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, así como de la elevación de diversas partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente de los capítulos de subvenciones e inversiones, según afirman desde el ministerio de Agricultura.

ASAJA, que se ha mostrado muy escéptica sobre el resultado práctico de esta iniciativa legislativa, no ve tampoco clara la fuente de financiación, por otra parte escasa, que queda en manos de la voluntad política del Gobierno de cada momento. Tampoco queda clara la participación de las diferentes comunidades autónomas en las diferentes medidas que contempla la futura Ley.

El texto entregado a las organizaciones agrarias contempla que pueda aportarse financiación por parte de una modulación voluntaria de las ayudas de la PAC que puede llegar a ser del 20 por ciento, modulación a la que ASAJA se opone rotundamente y que el ministerio de Agricultura había manifestado su intención de no aplicar. Los responsables de Agricultura incluso le ponen fecha y piensan que a partir de 2008 pueden detraerse fondos de las ayudas directas que ahora cobran agricultores y ganaderos. ASAJA también critica al ministerio de Agricultura por afirmar que la política rural tiende a depender subsidiariamente de los Estados miembros ya que admitir esto es admitir una renacionalización de la política agraria común a la que siempre se han opuesto las organizaciones agrarias.

El Gobierno reconoce en la memoria que acompaña a la Ley que la política rural española “ha tenido un origen básicamente europeo, un carácter básicamente agrario y agroambiental, y que la participación financiera de las administraciones públicas, particularmente del Estado, no ha tenido un peso relevante”. Una declaración esta que debería de al menos sonrojar a quien ha tenido y sigue teniendo responsabilidades públicas en materia de política agraria y de desarrollo rural.

El anteproyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural está en fase de informe por parte del Consejo Económico y Social como paso previo a la aprobación por el Consejo de Ministros. El Gobierno, que ha presentado el anteproyecto tres años después de haberlo prometido en campaña electoral el PSOE, está apurando los plazos para aprobarlo en esta legislatura lo que en principio parece ya bastante difícil.

León, 21 de abril de 2007.