La Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mariann Fischer Boel, ha declarado lo siguiente: «Estoy muy satisfecha con el resultado alcanzado, que hará de éste un sector más competitivo y orientado al mercado, y animará, espero, a los consumidores a comer más fruta y verdura. Me complace especialmente que todos los Estados miembros respalden la reforma. El sistema anticuado de ayudas vinculadas a la producción se sustituirá por pagos disociados. Habrá incentivos para que los productores se afilien a organizaciones y refuercen así su posición. Habrá regímenes específicos para ayudar en tiempos de crisis y se pondrá mucho más énfasis en la protección del medio ambiente. Hemos introducido también varias medidas para impulsar el consumo y ahora propondremos un régimen de distribución de frutas y hortalizas a los establecimientos escolares basado en una evaluación de impacto pormenorizada.»
Detalles de la reforma
Organizaciones de productores: Las organizaciones de productores ganarán mayor flexibilidad y se simplificarán sus normas. Se concederán mas ayudas (un 60 % de cofinanciación comunitaria en lugar del 50 %) en sectores donde la producción abarcada por las organizaciones de productores sea inferior al 20 %, y, en particular, en los nuevos Estados miembros, para impulsar la creación de este tipo de organizaciones. Los Estados miembros y las organizaciones de productores elaborarán programas operativos basados en una estrategia nacional.
Gestión de las crisis: La gestión se organizará a través de las organizaciones de productores (un 50 % a cargo del presupuesto comunitario). Los instrumentos a los que se recurrirá para la gestión de las crisis consistirán en: cosechas de frutas y hortalizas en verde o renuncia a efectuar la cosecha, instrumentos de promoción y comunicación en tiempos de crisis, formación, seguros de cosechas, ayudas para la obtención de préstamos bancarios y financiación de los costes administrativos derivados de la creación de fondos de inversión. Las retiradas pueden realizarlas las organizaciones de productores con una cofinanciación del 50 %. La Comunidad pagará el 100 % de los productos retirados que se vayan a entregar gratuitamente en los colegios. La ayuda comunitaria a las organizaciones de productores seguirá estando limitada al 4,1 % del valor total de la producción comercializada, pero podrá aumentar al 4,6 % si el exceso se utiliza sólo para la prevención y gestión de la crisis. Durante tres años, podrá concederse una ayuda estatal para extender la aplicación de las medidas de gestión de la crisis a los productores no afiliados que entren en contacto con una organización de productores. La compensación para los productores que no estén afiliados no será superior al 75 % de la ayuda comunitaria recibida por los miembros de la organización de productores.
Inclusión de las frutas y hortalizas en el régimen de pago único: Las superficies dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas podrán optar a partir de ahora a los derechos de ayuda concedidos en virtud del régimen de ayudas disociadas que se aplica en otros sectores agrícolas. Todas las ayudas existentes destinadas a los productos transformados a base de frutas y hortalizas serán disociadas y aumentarán los límites presupuestarios máximos nacionales aplicables al régimen de pago único. El importe total que se transferirá al régimen de pago único asciende a unos 800 millones de euros. En el caso de los tomates, se autorizará a los Estados miembros para aplicar ayudas transitorias durante un periodo transitorio de cuatro años (2008-2011), siempre que la proporción no disociada de la ayuda no supere el 50 % del límite nacional. En el caso de los cultivos que no sean anuales, estarán autorizados a aplicar ayudas transitorias durante cinco años, siempre que a partir del 31 de diciembre de 2010 la proporción no disociada de las ayudas no supere el 75 % del límite nacional. Los Estados miembros podrán, si así lo eligen, aplazar hasta tres años la distribución de derechos correspondientes al sector de las frutas y hortalizas.
Medidas medioambientales: La inclusión de las frutas y hortalizas en el régimen de pago único supone que todos los productores de este sector que reciban pagos directos deben cumplir las obligaciones en materia de condicionalidad (por ejemplo, las normas ambientales obligatorias). Además, las organizaciones de productores deben dedicar al menos un 10 % de los gastos de cada programa operativo a las medidas medioambientales. La cofinanciación comunitaria ascenderá a un 60 % para la producción ecológica en cada programa operativo.
Promoción del aumento del consumo: Un mayor consumo de frutas y verduras era uno de los objetivos establecidos en el Libro Blanco de la Comisión sobre alimentación, publicado en mayo. Las organizaciones de productores podrán incluir el fomento del consumo de frutas y hortalizas en sus programas operativos. Se dispondrá de 6 millones de euros adicionales en virtud del reglamento general sobre la promoción para el fomento del consumo de frutas y verduras en establecimientos escolares. Se dedicarán 8 millones de euros del presupuesto para la distribución gratuita de frutas y hortalizas a colegios, hospitales y organizaciones, que serán financiados al 100 % por la Unión Europea hasta un límite del 5 % de la cantidad comercializada por una organización de productores. El Consejo ha solicitado a la Comisión que lleve a cabo un estudio de viabilidad sobre la creación de un régimen para la distribución de frutas y hortalizas en los colegios. Este trabajo se iniciará lo antes posible.
Pagos transitorios para los frutos de baya: Para permitir a los productores de fresas y frambuesas destinadas a la transformación adaptarse a las circunstancias del mercado, recibirán una ayuda transitoria directa igual a 230 euros por hectárea durante un periodo de máximo de 5 años por un número de hectáreas determinado. Los Estados miembros podrán abonar un suplemento nacional siempre que el total no rebase los 400 euros por hectárea.
Pagos separados para las frutas y hortalizas en los países que aplican el régimen de pago único por superficie: Los países que aplican el régimen de pago único por superficie podrán introducir una ayuda disociada para los productores tradicionales de frutas y hortalizas. Tendrán que decidir antes del 1 de noviembre de 2007 el importe que deberá deducirse de la dotación del régimen de pago único por superficie para financiar dicho pago y definir los criterios utilizados para su concesión.
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