Madrid, 4 de julio de 2007. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, rechaza la propuesta de reforma de la OCM del sector vitivinícola, presenta hoy por la Comisión Europea, ya que está basada en la liberalización del sector, en las transferencias de presupuesto para financiar medidas de desarrollo rural, pagos directos desacoplados para la superficie arrancada y un fuerte sistema de arranque.

COAG considera que, aunque es necesaria una reforma de la actual OCM vitivinícola, (ya que la actual no ha dado respuesta a algunos problemas existentes como el descenso de la renta de los viticultores), la solución a los problemas del sector no pasa por el abandono de los agricultores ni la liberalización de plantaciones.” Hay que luchar para que la renta del productor se consiga vía precios del producto y para ello se necesitan instrumentos que nos permitan acceder y posicionarnos en los mercados en aras de garantizar la renta de los agricultores como único medio de asegurar su permanencia. Esto no es posible sin un decidido apoyo a la comercialización y modernización de estructuras. Debemos tener una vocación más comercial, porque nuestro problema no es el producto sino el mercado”, ha asegurado Miguel López, Secretario General de COAG.

COAG instará al Ministerio de Agricultura a que, en el marco de las negociaciones en el seno del Consejo de Agricultura, se recupere el presupuesto para el sector vitivinícola a fin de que se pueda emplear en medidas positivas de futuro y se diseñe una verdadera política vitivinícola comunitaria. De igual forma, es necesario el establecimiento de un periodo transitorio de adaptación a las nuevas condiciones de mercado. Según el Tratado de la Unión Europea, las ayudas comunitarias derivadas de la PAC deben contribuir a mejorar la renta individual de los agricultores y se establece la necesidad de realizar gradualmente las oportunas modificaciones.

Para COAG, la nueva OCM debe ser el marco regulador del sector vitivinícola y ser lo más amplia posible, más allá del mero establecimiento de las ayudas, permitiendo flexibilidad en las prácticas enológicas (hasta el límite que permite la OIV, Organización Internacional de la Viña y el Vino) y el etiquetado, haciendo posible la compatibilidad del modelo vitivinícola europeo, de mantenimiento de identificaciones geográficas, con otro modelo más abierto a las tendencias del mercado exterior, siempre y cuando se efectúen ciertos controles de calidad de los productos que posibiliten al consumidor tener seguridad y confianza en el producto que adquiere. En el ámbito de la UE, al existir distintas regiones, existen distintos problemas que requieren distintas soluciones, por lo que es necesario un amplio grado de subsidiariedad en la aplicación de las medidas establecidas de forma homogénea para toda la UE.

Debe mantenerse la prohibición de nuevas plantaciones, mantenerse la obligatoriedad de eliminar los subproductos y establecer medidas positivas de mercado, procurando un periodo transitorio de adaptación hasta la completa eliminación de las medidas de gestión del mercado ( ayudas al almacenamiento de mostos, destilaciones de uso de boca, etc..).

Ahora bien, para la aplicación de estas medidas, es necesario partir de un presupuesto histórico consolidado por Estados Miembros, al igual que en otros sectores reformados, que permita una financiación íntegramente comunitaria, sin posibilidad de cofinanciación nacional o por los productores y garantizar que las ayudas no distorsionan el libre mercado, rechazando las transferencias de presupuesto del primer pilar (de mercados) al segundo pilar de desarrollo rural.

Como únicas medidas positivas caben destacar la prohibición de la chaptalización (enriquecimiento artificial del vino con azúcar) y de la vinificación de los mostos importados.