A punto de finalizar el mes de agosto, se abre el nuevo curso político y es de esperar que en materia de agricultura y ganadería se hable y tomen decisiones más allá del asunto estrella del verano: la plaga de topillos y la tularemia. Y es que siendo perentorio acabar con los topillos y por extensión con la epidemia de la tularemia, hay no pocos asuntos en materia agroganadera pendientes de la actuación tanto del gobierno regional como del nacional. Además, este septiembre es políticamente muy distinto a otros pues por un lado es el inicio de la legislatura autonómica y por otro el final –y por tanto precampaña electoral– del mandato del gobierno de la Nación. Y en esta coyuntura política, unos se afanarán por poner en práctica sus programas, sus nuevas ideas, mostrar las caras nuevas y su forma de hacer política, y otros pisarán el acelerador para presentar actuaciones y a ser posibles inauguraciones que sirvan de estandarte ante los comicios electorales del mes de marzo.

Cuando los cargos electos de las Cortes den por finalizada su siesta continua de tres meses, Silvia Clemente tendrá que exponer ante la comisión de Agricultura su programa de legislatura, un programa que yo desconozco y que no puedo juzgar, pero que pensando mal no será muy distinto del que de forma rutinaria y cansina venía exponiendo José Valín legislatura tras legislatura. La presencia en el equipo de Silvia Clemente de todos los altos cargos de Agricultura en la pasada legislatura no incita a pensar en muchas sorpresas. Deberá de hablar la nueva consejera de lo que piensa sobre la reestructuración del sector lácteo, deberá de revisar las campañas de saneamiento ganadero que le han valido a un director general el apodo de “matavacas”, tendrá que opinar sobre la crisis del sector de la carne que no puede repercutir en las ventas los mayores coste de la alimentación y tendrá que hacer propuestas para recomponer la interlocución entre los ganaderos de ovino de leche y las empresas queseras. La nueva Consejera tiene que pronunciarse en las Cortes con meridiana claridad sobre la reforma de la OCM del vino y más a corto plazo sobre la aplicación de la reforma de la OCM del Azúcar, que va a suponer, entre otras cuestiones, que una o dos fábricas azucareras de la región cierren sus puertas para siempre a primeros del próximo año. Suerte tendrá Silvia Clemente si el día que comparezca en las Cortes puede aportar datos incontestables sobre el control de la plaga de topillos, porque otras plagas no le van a faltar, como por ejemplo el “fuego bacteriano” que cumpliéndose los peores presagios ha llegado a El Bierzo, donde se produce con éxito la pera conferencia y la manzana reineta con denominación de calidad. Las plagas son uno de los dos problemas agrarios más importantes con los que se va a encontrar el gobierno de Herrera en los próximos cuatro años, y para que no les coja de sorpresa así se lo hizo saber Donaciano Dujo al jefe del Ejecutivo no hace mucho tiempo –el segundo gran problema es la crisis de las empresas cooperativas–.

La consejera tendrá que confirmar en el Parlamento regional que cuenta con los 1.000 millones de euros prometidos por Herrera para completar el programa de desarrollo rural que esquilmó Zapatero, y tendrá que decir cuáles son sus prioridades de gasto o inversión. Debería de adelantar noticias relacionadas con la normativa de siembras del próximo año, como la continuidad o no de la obligatoriedad del barbecho tradicional, y un posicionamiento claro sobre la necesidad o no de revisar ciertas ayudas que deberían de estar desacopladas de la producción. Muchos agricultores esperan conocer los planes de la Junta sobre las jubilaciones anticipadas agrarias, y otros muchos sobre las nuevas ayudas a los planes de mejora de las explotaciones y las incorporaciones de jóvenes al sector, unas incorporaciones que, por cierto, se han reducido drásticamente en el año en curso.

Ahora que los productos agrarios, al menos los cereales, han ganado precio, está más justificada que nunca la política de inversiones en regadíos y todas las infraestructuras agrarias en general, de las que a buen seguro Silvia Clemente no va a olvidarse y menos dejar todo el protagonismo a esa Seiasa del Estado que cada euro que invierte, con aportación de los particulares, lo vende decenas de veces. También tendrá que definir la financiación a los diferentes grupos de acción local –Leader y Proder–, y es de esperar que se redefinan sus actuaciones para que de verdad el dinero vaya a inversiones productivas del medio rural, a poder ser agropecuarias, y no se esfumen la mayoría de los fondos en gastos corrientes convirtiéndose estos entes locales en una administración paralela.

Damos por hecho que la consejera tiene ya muy claro cómo debe ser la interlocución con el sector y que no va a cometer los errores de sus antecesores en el puesto. Queda por decidir si por fin en diciembre habrá o no elecciones a Cámaras Agrarias, algo que no es baladí ni para el Gobierno ni para sus destinatarios: las organizaciones profesionales agrarias. Si las hay, nos partiremos la cara a tortas entre nosotros como siempre, y de rebote alguna llegará a la consejera, quien en este caso no se lo merece.

Valladolid, 24 de agosto de 2007