1. Valoración de la situación actual

En los últimos meses se está produciendo un encarecimiento de algunos productos básicos, como la leche, el pollo o el pan al mismo tiempo que se anuncian nuevos incrementos de precios en los próximos meses.

El consumidor ha venido sufriendo una subida generalizada de precios, en valores muy superiores al IPC: Un reciente estudio de CEACCU –enero de 2007- revelaba que desde la introducción del euro los precios de los productos y servicios más cotidianos se han encarecido un 60% de media.

Todos los datos (Informes del Banco de España, Encuestas del INE, etc) muestran un nivel de endeudamiento límite y, en algunos casos, extremo, de las familias; situación que se agrava con los incrementos sostenidos en los tipos de interés.

Paralelamente, los ganaderos de nuestro país están experimentando una fuerte subida de los precios de los piensos y de las materias primas, mientras los precios a los que venden sus productos no paran de bajar, lo que está provocando que las diferencias entre lo pagado por el consumidor en destino y lo percibido por el productor en origen sean cada vez más elevadas, sin que pueda explicarse por razones de mercado.

Los principales factores causales de esta subida, que tanto perjudica la cuenta de resultados económicos de las explotaciones ganaderas en general, y de las intensivas en particular, son los siguientes:

1.- Las negociaciones OMC y la PAC. El desmantelamiento de la PAC y la liberalización del comercio hacen más vulnerables a todos los países europeos cuando se producen cambios en los mercados mundiales, debido a su importante comercio agroalimentario.

La última reforma de la Política Agraria Común (PAC) ha sido un grave error político cuyas consecuencias están siendo pagadas por los agricultores, ganaderos y consumidores europeos, a pesar del rechazo elevado que existe a esta estrategia europea. El escenario actual no sería tan grave si la PAC hubiese mantenido los mecanismos de regulación.

El planteamiento basado en un abastecimiento de terceros países a precios bajos se está mostrando como un error político muy grave y pernicioso.

2.- Aumento espectacular de la cabaña ganadera mundial. Esto lleva consigo un uso diferenciado de la tierra.

3.- Inestabilidad en la producción. Protagonizada especialmente por las inclemencias y contratiempos climáticos en países típicamente productores, agravados por los efectos del cambio climático.

4.- Aumento de la demanda de cereales. Brasil, China, India, Japón y Méjico han aumentado sus demandas de cereal, especialmente en función del alto crecimiento económico de los países asiáticos.

5.- Bajada de los rendimientos de los países productores, tanto por un menor rendimiento cualitativo de las cosechas, como por una menor superficie destinada al cultivo de cereal pienso.

6.-Concentración del mercado en muy pocos operadores comerciales en los países productores.

7. Subidas de precios en productos esenciales, como la leche o el pan, y que, por tanto, todos los consumidores se ven perjudicados, siendo su incidencia aún mayor en las familias con rentas más bajas. En la situación actual, de endeudamiento, e incrementos sostenidos en los tipos de interés, estas alzas, muy por encima del IPC, resultan inasumibles.

8. Informaciones contradictorias e interesadas por parte de los distintos sectores que ponen de manifiesto que no existe transparencia en el proceso de formación de los precios. Lo que, entre otras cosas, supone que el consumidor desconoce, del precio que paga por un producto alimentario, qué porcentaje corresponde a cada uno de los factores que intervienen, y, en qué medida, la subida de uno de ellos puede o debe repercutir en el precio final. Corresponde a la Administración garantizar esta transparencia y el correcto funcionamiento del mercado.

2. Contexto en el que se produce:

1º.- Se anuncian anticipadamente subidas lineales de precios (como en el caso del pollo, que se llegó a afirmar a finales del mes de agosto que: “el kilogramo de pollo subirá entre 18 y 20 céntimos de euro de manera inmediata”)

2º.- Se divulga información confusa y contradictoria sobre los motivos y consecuencias de estas subidas y que, a la vista de planteamientos posteriores, también podemos calificar ya de “interesada” (como, por ejemplo, el impacto del incremento del precio del cereal en el coste de una barra de pan)

3º.- Teniendo en cuenta los datos de producción de cereal en 2007, se da a entender por parte de distintas instancias (entre ellas el Ministerio de Agricultura) que puede existir un problema de retención del mismo, con posibles fines especulativos.

4º.- Se introducen, como “ruido”, pero también como demandas que están latentes, dos cuestiones reiteradamente rechazadas por los consumidores: la autorización de las harinas cárnicas (y, por extensión, el coste de la seguridad alimentaria) y de los cultivos transgénicos.

4. Propuestas para paliar esta situación

Objetivos:

1/ El Consumidor tiene derecho a la eliminación de las prácticas de abuso y al conocimiento de la formación de los precios y el funcionamiento del mercado.

2/ Los agricultores tienen derecho a percibir un precio adecuado por los productos que venden, que cubra sus costes y les permita un nivel de vida digno.

Reivindicaciones y propuestas:

• Garantizar la estabilidad en los precios en los productos agroalimentarios, con variaciones armonizadas con el IPC, bien mediante los instrumentos del mercado (vigilando la transparencia en los precios, la libre competencia…), o, si estos se han mostrado ineficaces, con mecanismos de control e intervención.

• Medidas de seguimiento que eviten las situaciones abuso sobre productores y consumidores. Vigilancia especial de los mercados en origen y en destino por parte de las administraciones públicas, tratando de analizar en profundidad la transparencia de los mismos, así como las prácticas desleales y posiciones de dominio que en él se están dando. Las administraciones deben actuar en dichos casos. Denuncia del dumping comercial mediante el cual grandes empresas realizan prácticas comerciales de venta de productos agrarios por debajo de costes de producción, lo que afecta negativamente a productores y consumidores. Implantación del doble etiquetado, con la creación de un sistema de trazabilidad de precios.

• Compensación al sector ganadero mediante créditos, ayudas y bonificaciones fiscales y de la seguridad social para impedir que ningún ganadero tenga que abandonar su explotación.

• Renuncia a la filosofía del “todo vale” para abordar estas crisis. Los principios de seguridad alimentaria y calidad de la producción se deben mantener incluso en estas circunstancias. La viabilidad de los sectores ganaderos en el medio y largo plazo está vinculada a la garantía de los productos y la confianza del consumidor.

• Medidas estructurales que propicien una mayor participación de los productores y de los consumidores, en la cadena agroalimentaria, en el valor final de los productos y en la información comercial de los mismos, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual en la que los ganaderos están viendo seriamente amenazadas sus explotaciones y los consumidores ven cómo se les incrementan los precios paulatinamente.

• Marco de comercialización agroalimentaria que contribuya a una mayor participación de los productores en la cadena agroalimentaria y en el valor de los productos, teniendo en cuenta los costes de producción y la renta de los agricultores y los consumidores, de tal forma que articule mecanismos de control de precios en la cadena agroalimentaria, contemplando una Comisión de Examen de Prácticas Comerciales con la participación de los agentes implicados, entre ellos las Organizaciones Profesionales Agrarias y de Consumidores más representativas.

• Modificación de la Ley 38/94 de Organizaciones Interprofesionales de forma que éstas contemplen todos los agentes de la cadena agroalimentaria, incluidos a los consumidores.

• Implementación efectiva de la Ley de Contratos-Tipo para conseguir relaciones equitativas entre productores y resto de agentes. Es necesario que se aplique efectivamente esta ley en lo que se refiere a un mayor número de contratos tipo en distintas producciones. Éste es un instrumento acorde con el objetivo de conseguir relaciones económicas equitativas entre productores y resto de agentes.

• Mayor operatividad del Observatorio de Precios de tal forma que sea capaz de proponer al Gobierno medidas de carácter vinculante y de instar al Servicio de Defensa de la Competencia a investigar el mercado de ciertos productos agrarios y ganaderos.

• Reforzar el control de las importaciones de los productos procedentes de otros países mediante el establecimiento de protocolos de garantía sanitaria (sanidad y calidad) adecuados, para comprobar los condicionantes de calidad y seguridad, y la no utilización de productos prohibidos en la UE. De igual forma habrán de controlarse las vías de entrada de cada uno de los productos importados así como las condiciones en que éstas se realizan mediante la unificación de criterios a nivel comunitario en cuanto a protocolos de inspección se refiere, teniendo en cuenta la incorporación de los nuevos estados miembros a la Unión Europea.

• Garantizar el mayor nivel posible de seguridad alimentaria no sólo es un derecho irrenunciable sino un requisito imprescindible para sostener la confianza del consumidor y, por tanto, la estabilidad económica del sector, por lo que debe rechazarse la utilización de harinas cárnicas y de nuevos OGMs.