25 de octubre de 2007.- La Unió-COAG denuncia que las ayudas aprobadas y publicadas por el Gobierno central y Generalitat para paliar los daños por las lluvias torrenciales, ocurridas durante los días 11 a 19 de octubre, únicamente van a servir para endeudar todavía más si cabe a los agricultores y ganaderos afectados y que ni siquiera se conocen los términos afectados y beneficiarios de las mismas.
En este sentido, el Decreto de la Generalitat (Conselleria de Economía) únicamente contempla por el momento créditos para hacer frente a la reparación de comunidades de riego y explotaciones agrícolas y ganaderas, así como préstamos bonificados para estas últimas. Nada hay hasta ahora, tal y como reclamaba La Unió, de dar una compensación directa a los afectados mediante ayudas a las explotaciones, independientemente de disponer de un seguro agrario, conforme a una valoración de pérdidas en la correspondiente inspección oficial. Tampoco se contempla en la normativa aprobada por el momento la subvención del fungicida y de los trabajos de aplicación necesarios para evitar la aparición de hongos y enfermedades en las explotaciones agrícolas que resultaron inundadas durante varios días.
En este sentido, el Real Decreto-Ley del Gobierno central a pesar de ser más amplio también resulta insuficiente. Únicamente contempla ayudas para aquellas explotaciones agrícolas con pérdidas superiores al 30% siempre y cuando tuvieran contratado un seguro agrario este año o el pasado si no hubiera finalizado el periodo de contratación en el momento de ocurrir el siniestro.
Sobre los beneficios fiscales aprobados por el Gobierno sólo se concede la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para aquellas explotaciones agrarias que acrediten daños que no tengan cobertura en ningún sistema de seguro, aspecto que no se exige al resto de actividades económicas lo que supone un agravio comparativo. En las cuotas a la Seguridad Social sólo se incluye una moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las cotizaciones correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año; lo que simplemente retrasa el pago pero no lo exonera. En relación a las reducciones fiscales se habla de que habrá pero no se concretan.
Joan Brusca, secretario general de La Unió-COAG, señala que “las Administraciones Públicas se ufanan de anunciar inversiones millonarias sin límite presupuestario cuando ocurre una adversidad climatológica, pero las condiciones para acceder a las mismas que imponen a los agricultores y ganaderos son leoninas y no tienen el efecto deseado. Los préstamos son parches que alargan la asfixia económica y supeditar todo a la contratación de un seguro agrario es desconocer la realidad del sector y un agravio que no se le exige a otras actividades económicas afectadas”.
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