Sevilla, 27 de diciembre de 2007. Tras un año caótico en el que el sector citricultor andaluz llegó a perder 162 millones de euros en una ruinosa campaña de comercialización, los citricultores andaluces, algo repuestos en la actual campaña, han observado mayor fluidez en el mercado y esperan con cierto optimismo la segunda parte de la campaña, que se desarrollará después de estas fiestas.

Sin embargo, y pese a que Andalucía producirá un 8% de cítricos menos que en la pasada campaña, con una producción de 1,5 millones de toneladas (de las que 387.373 toneladas serán aportadas por la provincia de Sevilla), los precios en origen han experimentado tan sólo una ligera mejora, que para nada encuentra correspondencia en la escalada de los precios que están protagonizando algunas variedades de cítricos en el mercado.

Según los propios datos del Ministerio de Agricultura la participación actual del agricultor en el precio de destino de los cítricos, es decir, en el precio final de mercado, es del 11%, frente a la percepción del 35% por parte del mayorista y el 54% de participación en el destino final. Este 11% de participación del agricultor es incluso un 5% inferior al promedio de las dos campañas anteriores, siendo además menor la producción (en algunas variedades llegará a ser un 30% inferior).

Desde ASAJA-Sevilla, por tanto, denunciamos que la subida de los precios de los cítricos, que soporta el bolsillo del consumidor, se debe a la pura especulación de los establecimientos, comerciantes, intermediarios y grandes superficies, que han añadido las naranjas y los limones a una cesta de la compra cada vez más abusiva e injusta, con la que están haciendo su agosto en plena Navidad, y ante la pasividad y omisión del Gobierno, que no hace nada salvo frivolizar con un sector como el cunícola, al que ha perjudicado sin beneficiar a ningún otro sector.

En este sentido, ASAJA-Sevilla exige un cambio de actitud radical a la Administración para evitar que continúe este gran desequilibrio entre los bajos precios que perciben los agricultores y los abusivos costes que ha de sufragar el consumidor, impulsando, entre otras medidas, una Ley de Comercio de productos agroalimentarios que incluya la regulación de márgenes comerciales, aportando transparencia al sistema y evitando especuladores.