Estos datos constatan que, a pesar del gran esfuerzo inversor y de modernización del sector agrario, las producciones agrarias no están generando un mayor valor añadido para los agricultores y ganaderos, fundamentalmente por la caída de los precios en origen, el aumento de de los costes de producción y la entrada en vigor del desacoplamiento de las ayudas establecido en la última reforma de la PAC.

Sevilla, 14 de enero de 2008. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, subraya que hay que acoger con cautela la 1ª estimación de la renta agraria 07, publicada por el MAPA, ya que el aumento de un 9,8% viene precedido de un descenso continuado de la misma durante los últimos tres años, llegando a alcanzar su tasa interanual más negativa en 2005, con un retroceso del 12,9%.

Del análisis realizado por el Departamento de Economía Agraria de COAG se pueden extraer los siguientes datos y conclusiones:

– Según los datos oficiales, la Renta Agraria total en términos corrientes durante el pasado año 2007, experimentó un aumento del 9,8% respecto al año anterior 2006, pasando de 22.814 millones euros en 2006 a los 25.056 millones de euros del año 2007. El mismo análisis realizado en términos reales, gracias al PIB deflactado, nos arroja un aumento más moderado de la renta agraria (6,6%) en 2007 respecto a 2006, pasando de 12.725,24 millones de euros en 2006 a 13.428,09 en 2007. Además, si comparamos la renta agraria real del pasado año con la de la media de los últimos cinco (2003-2007) podemos observar que se encuentra aún un 5,2% más baja. Si se observa la evolución de la renta agraria en términos reales desde 1990, la renta agraria real permanece aún un 2,5% por debajo de la cifrada en 1990 (13.765,70 millones de euros).

– El aumento de un 10,4% de la renta por ocupado es engañoso: es debido al descenso de los activos, cuyo reflejo lo encontramos en el descenso de un 3,5 % del número de UTAs, (-33.700 Unidades de Trabajo Agrícola).

– A pesar del ligero aumento experimentado durante el último año 2007, el valor añadido bruto agrario por ocupado ha decrecido significativamente durante los últimos años, situándose para 2007 en un 52,4% del PIB general por ocupado. Se deduce de esta evolución que las inversiones realizadas por el sector para la reducción de costes se han visto descompensadas por el encarecimiento de los medios de producción.

– Estos datos constatan que, a pesar del gran esfuerzo inversor y de modernización del sector agrario, las producciones agrarias no están generando un mayor valor añadido para los agricultores y ganaderos, fundamentalmente por la congelación y caída de los precios en origen en los sectores ganaderos, ( en porcino un 8,3%, en vacuno de carne un 5 % y en ovino un 4,8% por ejemplo), el aumento de los costes de producción ( especialmente por el encarecimiento de los piensos, 10,9%, fertilizantes, 5,9% y semillas, 5,5%) y la entrada en vigor del desacoplamiento de las ayudas establecido en la última reforma de la PAC.

– La disminución del número de explotaciones sigue produciéndose a un ritmo muy alto, resultando alarmante en algunos sectores como la leche o el ovino, dónde ya se plantea la propia supervivencia del sector a medio plazo.

En este contexto, el Gobierno tiene la necesidad de desarrollar políticas agrarias de Estado que compensen la situación crítica en la que la última reforma de la PAC ha dejado sectores enteros. Ya tenemos constancia de reducción de siembras y producciones en remolacha, algodón, leguminosas grano, tabaco, ovino. COAG mantiene en este escenario su apuesta por el modelo de agricultura profesional y familiar, sostenible y social, extendido por todos los territorios, incluso aquéllos menos favorables a la actividad agraria. El apoyo público debe dirigirse prioritariamente hacia este modelo de agricultura, porque no todos los modelos son iguales, y hacia los profesionales del sector agrario que viven principalmente de esta actividad y residen en el medio rural.

Respecto a la grave problemática de los precios en origen exigimos un marco de comercialización que contribuya a una mayor participación de los productores en la cadena agroalimentaria y en el valor de los productos, teniendo en cuenta los costes de producción y la renta de los agricultores y consumidores. Se trataría de articular mecanismos de control de precios, contemplando una Comisión de Examen de prácticas comerciales con la participación de los agentes implicados, entre ellos las organizaciones agrarias y de consumidores más representativas.

También es necesario modificar la Ley de Organizaciones Interprofesionales de forma que ésta contemple todos los eslabones que componen la cadena agroalimentaria, incluidos los consumidores. Asimismo, solicitamos la implementación efectiva de la Ley de Contratos-Tipo para conseguir relaciones equitativas entre productores y resto de agentes. Es imprescindible un mayor número de contratos tipo en distintas producciones.