Los responsables de la Federación Española de Empresarios Productores de Leche (PROLEC) han mostrado su rechazo a la propuesta comunitaria de incrementar en un 2% de forma lineal la cuota láctea, de acuerdo con la European Milk Board (EMB), de la que forma parte PROLEC y que agrupa a 80.000 ganaderos comunitarios. Pese a ello y por si finalmente dicho aumento se llevara a cabo, la Federación ha remitido un documento a los responsables de Ganadería del Ministerio de Agricultura (MAPA) en el que se expresan una serie de reflexiones para el reparto de dicha cuota, en aras de contribuir a la mejora del sector productor español.
Hay que tener en cuenta que un incremento del 2% de la cuota española supondría un aumento de la producción de alrededor de 122.000 toneladas de leche que, si se distribuyera linealmente entre todos los productores españoles, significaría un incremento por explotación de unos 4.200 kilos. Esta cifra, que no supone ni una vaca más por granja, “no arreglaría el problema de crecimiento de las explotaciones españolas”, según indica el secretario general de PROLEC, Carlos Gil, quien afirma que “un aumento de cuota podría significar una nueva bajada de los precios en origen”.
Por ello, para PROLEC los perceptores de ese incremento deberían ser aquéllos productores que tengan la suficiente dimensión, capacidad y estructura para poder aumentar su producción y que puedan acceder a condiciones de crédito para redimensionar su explotación, adaptándose a la normativa y directrices de la Unión Europea. Asimismo, según la Federación, deberían beneficiarse en ese reparto aquéllas explotaciones atractivas para los jóvenes, con objeto de garantizar el relevo generacional, y aquéllas con posibilidades de especializar su actividad y generar empleo.
Para Carlos Gil, “si en el reparto no se tuvieran en cuenta estos aspectos sería imposible escalar en eficiencia y competitividad ya que el mercado de cuotas permanece intervenido por el Estado y los ganaderos han perdido capacidad de endeudamiento para crecer”. Gil añade que “las políticas agropecuarias españolas deberían convertir esta amenaza en una oportunidad de acceso al mercado internacional”.
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