En este sentido la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla y León quiere conocer cuáles son las empresas envasadoras, y quién ha realizado la distribución para su posterior comercialización sin las garantías necesarias, teniendo en cuenta que estamos ante un producto alimenticio de primera necesidad.
El hecho de que tras dos días en los que se ha recomendado no consumir este producto se haya levantado ahora la restricción es positivo en sí, aunque desde UPA lamentamos la alarma creada por el Ministerio de Sanidad a lo largo de más de 48 horas.
Sin embargo nuestra organización lamenta que a pesar de las continuas peticiones por parte de UPA a las autoridades competentes al respecto, desde hace años no se esté dando la máxima garantía a los consumidores en situaciones como la ocurrida estos días. En nuestra opinión la sociedad carece de la información necesaria para conocer la procedencia del producto, ya que en ningún momento aparece en las etiquetas el lugar de producción del aceite, dato éste que es imprescindible para identificar el producto.
UPA condena contundentemente estas prácticas protagonizadas por empresas sin perjuicios, que son capaces de especular a costa de los agricultores y lo que es más grave de los propios consumidores, sin preocuparles lo más mínimos las garantías sanitarias.
Conviene recordar que desde nuestra organización agraria venimos exigiendo desde hace años una exhaustiva identificación y trazabilidad con los aceites de girasol importados, en la misma línea de los controles rigurosos a los que se someten al producto autóctono.
Resulta sorprendente que estas peticiones hayan caído en saco roto, y que lamentablemente tengan que ocurrir hechos como los de los últimos días para empezar a valorar dichas actuaciones, cuando por otro lado es un derecho de los consumidores.
UPA recuerda que la confianza de los consumidores sólo se conseguirá actuando con absoluta transparencia y haciendo públicos los nombres de las empresas responsables de estas prácticas. Es prioritario aclarar todo en este sentido, porque no se puede condenar al resto de operadores que actúan con responsabilidad y legalidad, y que son víctimas también del lamentable comportamiento de empresarios irresponsables que atentan contra los intereses de un sector productor tan importante como el del girasol para Castilla y León, y contra los propios consumidores.
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