Valencia, 9 de junio de 2008.- AVA-ASAJA reclama al nuevo Dele­gado del Go­bierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, que ante la ola imparable de robos en los po­zos de riego y en las casetas de los agricultores convoque la Junta de Seguridad en el Ám­bito Rural a la que se comprometió su predecesor, Antonio Bernabé. Ésta es la segunda petición que la organización realiza al res­pon­sable gubernamental en me­nos de un mes pero “la situación de inseguridad en el campo no permite siquiera dar los tra­di­cio­nales días de cortesía”, advierte el presidente de la asociación, Cris­tó­bal Aguado. De hecho, sólo en L’Horta Nord, se asaltaron durante la semana pasada las instalaciones de hasta tres co­munidades de regantes, al­gu­nas de las cuales ya habían sufrido robos re­cientemente.

Efectivamente, durante los últimos siete días los delincuentes entraron a robar en las casetas de comunidades de regantes de Museros, Albalat dels Sorells y Foios causando graves destrozos en su búsqueda de cobre. En la mayor parte de los ca­sos, los asaltos se produjeron pese a disponer de alarmas, que saltaron con­ve­nien­te­mente pero que no impidieron la comisión del delito. En Albalat y en dos acciones distintas, se forzó la cerradura de la caseta para robar el cable que recorría el trans­for­mador y la boca del pozo y días más tarde se asaltaron los contadores del agua de una segunda caseta.

AVA-ASAJA ya denunció el pasado 16 de mayo –jornada en la que casual­men­te asumió su nuevo cargo Ricardo Peralta- que una de cada seis instalaciones de rie­go ha sufrido al menos un robo, lo que situaría la cifra acumulada desde 2007 en más de 1.500 pozos. Las pocas compañías de seguros que, de hecho, mantienen la cobertura du­pli­caron ya este año las primas a pagar y en muchos casos con­dicionaron la póliza a la instalación de una alarma en la caseta, gasto ‘extra’ que también ha corrido lógicamente a cargo de las comunidades de regantes.

Tras años de inactividad, el anterior delegado del Gobierno en la Comunitat, Antonio Bernabé, convocó el 29 de enero la ansiada Junta de Seguridad en el Ám­bi­to Rural, compuesta por representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de las asociaciones agrarias, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y de la Conselleria de Agricultura. En aquella reunión se pactó crear comisiones pro­vinciales para abordar cada 3 meses la cuestión y coordinar las acciones contra la de­­lincuencia rural. “Han transcurrido más de cuatro meses y no sabemos nada de aquella promesa y ni los delincuentes que buscan cobre ni los agricultores que su­fren sus asaltos entienden de cambios políticos”, advierte Aguado