Mientras nuestros vecinos y competidores en los mercados internacionales mantienen una utilización entre el 70% y 100% (caso Italia este último), en España en esta campaña de siembras puede bajar hasta el 10-15%, poco más o menos como en África.

Y es que al fraude creciente desde hace años, las especiales circunstancias de la campaña actual, han provocado que ahora sean propios agricultores los que, con la cosecha del pasado año sin vender, hayan irrumpido en el campo ofreciendo su grano sin calidad alguna y con riesgos de tratamientos sin ningún conocimiento técnico como si fuera semilla, el cual con un precio de venta como grano al día de hoy en torno a las 30 Ptas./Kg., están vendiéndolo como semilla a niveles de 45/50 Ptas./Kg. Esto es con un pingüe beneficio de 15/20 Ptas./Kg., el mayor negocio con el que podían soñar. Al mismo tiempo que también los operadores autorizados como acondicionadores de grano, incrementan su negocio clandestino, en todos los casos en dinero opaco, sin IVA y sin pago de impuesto alguno.

A todo esto el principal estafado es el agricultor a quien se le vende como semilla certificada un grano sin control alguno, con toda clase de riesgos, con un sobre costo de 15 a 20 Ptas./Kg. Con graves repercusiones en cuanto a rendimientos de las cosechas que pueden terminar en cifras escandalosamente reducidas, además de su mala
Calidad, que llamarán la atención en Bruselas, además de significar un aumento notable de las importaciones por un mayor desfase en el déficit de autoabastecimiento nacional.

Mientras los productores legales de semilla ven reducida su actividad a mínimos por tanta competencia ilegal y desleal, de forma que los cierres de instalaciones y cese de actividad están siendo masivos, en la mayor parte de los casos para reconvertirse en ilegales por cuanto actualmente es el negocio del siglo, impune al control por parte de la mayoría de las CC.AA.

En este contexto, el único aliciente que tenía el agricultor para sembrar trigo duro a partir de la campaña 2010/2011 (siembras del otoño-invierno del 2009), ha desaparecido al desacoplarse las Ayudas y Primas que lo protegían de los demás cereales, por lo que de no enmendarse la situación actual, con medidas similares a las adoptadas por Italia, en España las siembras de trigo duro pasarán a ser testimoniales, inferiores a 100.000 has., desde las 600.000/700.000 de los últimos años, con lo que de exportadores natos de semilla y producción final, pasaremos a un déficit sólo de trigo duro de un millón de toneladas, que los transformadores españoles tendrán que importar. Con graves perjuicios para los productores de semilla que en base a las informaciones sobre la posibilidad de conseguir el mantenimiento de las ayudas, ya han tomado los compromisos habituales en los meses de octubre y noviembre, de contratación de semilla técnica de reproducción de cara a la campaña próxima cuya cancelación y destrucción de tales producciones les llevaría a pérdidas superiores a los 20 millones de euros. A todo esto las actuales siembras de trigo duro con semilla certificada de calidad, pasarían en su totalidad a grano clandestino, tanto en la superficie testimonial como en la trasvasada a otros cereales, al dejar de existir la obligatoriedad de utilizar semilla certificada.

De ahí que además de la reacción inmediata que se debe producir en los Servicios de Control de Semillas de las CC.AA, donde lo único que se controla es la producción legal con comprobaciones exhaustivas, se hace necesario adoptar urgentemente medidas de discriminación positiva a la semilla certificada de todos los cereales, de parecida índole a las tomadas por Italia desde hace tres años y que va a aprobar hasta el 2012, en base al Art. 69 del Reglamento, reconvertido ahora al 68. Dentro del cual puede encajar estas Ayudas en España, según ha adelantado el propio Director Adjunto de la Comisión Mr. Demarty. En última instancia, la semilla de cereales tiene pleno y mayor derecho que ningún otro caso para participar del fondo de 200 millones de euros sin utilizar por cuanto el mismo procede en su mayor parte de ayudas no percibidas en cultivos herbáceos. Y con idéntico derecho de los fondos del Art.68, generados también de la modulación de estos cultivos.

En definitiva se trata de una decisión política positiva, necesaria y justa para la agricultura nacional, tan o más importante como cualquier otra que debe ser tomada con la mayor urgencia posible.