Madrid, 13 de febrero de 2009. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha remitido una carta al director general de Recursos Agrícolas y Ganaderos, Carlos Escribano, en la que expresamos nuestra preocupación sobre la futura regulación y reparto de los fondos para desarrollo rural de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino.
En la carta, UPA reclama que dichos fondos vayan exclusivamente para los viticultores y que además, en el reparto se apliquen unos criterios homogéneos en todo el país.
Hay que tener en cuenta que el reglamento que regula la actual OCM del sector vitivinícola establece una transferencia financiera para el desarrollo rural que para España supondrá unas cuantías de 15,49 millones de euros para este año, a los que habría que sumar 30,95 millones de euros para 2010 y 46,44 millones de euros por año a partir de 2011.
Para UPA, el sector vitivinícola debe ser el único beneficiado del resultado de las medidas que se implanten. Más en concreto, consideramos que los viticultores tienen que ser los únicos perceptores de los diferentes tipos de ayudas y que se tiene que evitar que las cuantías presupuestarias vayan dirigidas a otro tipo de acciones diferentes y desligadas del propio sector vitivinícola.
Nuestra organización es partidaria de que la implantación de las distintas acciones debe ir precedida por la modificación del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013, de tal manera que se establezcan con el máximo consenso posible una serie de medidas de actuación con una base homogénea y uniforme en todo el Estado, independientemente de una posible particularización en función de las propias especificidades de cada territorio.
De esta manera, creemos que se evitarían posibles desequilibrios territoriales y desigualdades socioeconómicas si se dejase libertad de aplicación y criterios a las Comunidades Autónomas.
Finalmente, UPA estima que es necesario y urgente abrir un debate e interlocución sobre la futura aplicación de estas medidas con las Organizaciones Profesionales Agrarias, proceso que debe iniciarse cuanto antes de cara a la utilización de esta medida lo antes posible, es decir, en el presente año para el cual ya existe una partida financiera.
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