Miles de agricultores y ganaderos de toda Europa, convocados por el Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA) de la Unión Europea se manifestarán el lunes en Luxemburgo, frente al centro de conferencias Kirchberg, para instar al Consejo de Ministros de Agricultura a promover medidas de recuperación para el sector agrario europeo, fuertemente golpeado por la crisis.

ASAJA-Sevilla, tal como hizo el pasado 31 de marzo en la manifestación que reunió en la capital andaluza a más de 25.000 agricultores, volverá a manifestarse ahora en Luxemburgo: “Por la supervivencia del campo y el empleo en el medio rural”.

Dos meses y medio después de la masiva movilización que reunió ante la Casa Rosa, sede del Gobierno andaluz, a miles de agricultores y ganaderos llegados de todos los pueblos de Andalucía la situación en el campo andaluz ha empeorado, tal como manifiesta el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, “no hay un sector que se salve: ganaderos, citricultores, olivareros, corcheros y otros productores se encuentran en bancarrota y sin liquidez alguna, con el agravante de que además tanto el Gobierno español como las autoridades de Bruselas les niega el apoyo que está concediendo a otros sectores”.

En el ejercicio de 2008 la renta agraria bajó un 8,5%, los precios se derrumbaron en casi todos los sectores agropecuarios mientras que los costes de producción no bajaron, lo que obligó a echar definitivamente el cierre a 10.000 explotaciones agrarias andaluzas en 2008 y más de 20.000 están ahora al borde de la desaparición. Una sangría que supone un auténtico drama para el empleo y para la continuidad de la actividad en el medio rural, abre la vía de la despoblación y amenaza la propia existencia de los núcleos rurales más aislados.

En esta situación desde Bruselas se reduce el presupuesto para la agricultura y la ganadería, por lo que contamos ahora, en una UE de 27 países, con el mismo dinero que teníamos cuando éramos 15. Se trata de un presupuesto muy escaso para ser la única Política Común de la UE y para implementar todas políticas de desarrollo rural, bienestar animal, respeto medioambiental y protección del ecosistema. Pero además de ser escaso para sostener tantas exigencias, algunos Estados Miembros pretenden que se inicie una cierta renacionalización de la PAC, que cada país financie sus propias políticas, lo que rompería su carácter común y sentaría las bases de su desaparición. Se trata de una pretensión intolerable que acabarían pagando todos los consumidores, por lo que tanto ASAJA como el resto de organizaciones agrarias europeas nos oponemos radicalmente a cualquier medida que abra la puerta a la renacionalización.

ASAJA-Sevilla entregará a los ministros de Agricultura en Bruselas la batería de propuestas que ya ha trasladado al Gobierno andaluz y al Gobierno de España y que permitirían sacar al sector agrario de esta situación, asegurar su supervivencia, y con ella, la continuidad de miles de empleos en el mundo rural.

Entre estas medidas se encuentra el establecimiento de planes de viabilidad para los sectores en crisis (aceituna de mesa, ovino-caprino, cítricos, porcino ibérico, patatas y corcho) y herramientas financieras que faciliten la salida de la actual situación, un plan de simplificación administrativa con una mayor agilidad, rapidez y resolución definitiva en todas las tramitaciones de la PAC; un plan de modernización de las infraestructuras, con un cambio de rumbo en la inversión pública, que debe dirigirse a paliar el déficit de infraestructuras en el campo, una fiscalidad adecuada al sector primario que facilite la actividad e incentive a las empresas agrarias y a los autónomos de la agricultura, con el aumento del IVA compensatorio, reducción del IVA de los ‘inputs’ agrarios, un plan de formación que permita la profesionalización de los trabajadores del sector y el necesario relevo generacional, acceso a las tecnologías más avanzadas, incluida la biotecnología, para competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo; y una Ley de Márgenes Comerciales que suponga el fin de los márgenes abusivos entre precios en origen y destino y la reducción de lo plazos de pago a los agricultores.