La Comisión Europea ha decidido enviar a España al Tribunal de Justicia de Luxemburgo por la incorrecta transposición de la legislación comunitaria sobre productos fitosanitarios en relación con la protección de datos.
La Directiva 91/414/CE establece que solo se puede comercializar un producto fitosanitario si ha sido autorizado por las autoridades competentes de los Estados miembro. Estas autorizaciones se conceden en base a un dossier presentado por el solicitante. La elaboración de los estudios para preparar el dossier es muy cara, por lo que la directiva establece un período de protección de datos de entre 5 a 10 años. Durante este período, otros solicitantes tienen que duplicar los estudios o bien llegar a un acuerdo con el primer solicitante.
La legislación española no respeta la directiva ya permite la utilización de los estudios protegidos sin la necesidad de llegar a un acuerdo con el primer solicitante. Por tanto, dicha norma española contradice la comunitaria y dado que las autoridades de España no la han modificado, la Comisión Europea ha decidido llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El Tribunal podría condenar a España a pagar una multa y/o correcciones financieras
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