Los datos de la importancia del sector de frutas y hortalizas en el conjunto de la agricultura en España son más que elocuentes: supone cerca del 35% de la Producción Final Agraria, con 14.316 millones de euros; representan más del 35% del valor total exportado por sector agroalimentario y más del 5% del total de exportaciones españolas y, por tanto, contribuyen a equilibrar el déficit comercial español.

Sin embargo, tras estas grandes cifras, la realidad de los agricultores del sector es bien distinta: los precios percibidos por nuestros productos en origen se mantienen en niveles de hace décadas, cuando no más bajos, como en el caso de la naranja o el pimiento en la pasada campaña, mientras los costes de producción no cesan de subir (en los últimos 5 años, se han visto incrementados un 34,3% según cifras del MARM). En resumen nuestra renta no hace más que retroceder.

Los productores de frutas y hortalizas estamos abocados a vivir únicamente del mercado y, por ello, es nuestra responsabilidad sacar la cabeza del agujero y vigilar su funcionamiento, para poder mantenernos en él. Debemos implicarnos en el funcionamiento de nuestras empresas y cooperativas y asumir un creciente papel en la comercialización de nuestras producciones.

No obstante, aún asumiendo este esfuerzo, es más que probable que con esto no sea suficiente. Las prácticas oligopolísticas de la gran distribución alimentaria impiden el normal funcionamiento del “libre mercado”. Sus demandas referentes al tipo, cantidad y características de los alimentos que ofrece al consumidor, las exigencias de precios, contratos o pagos, por ejemplo, expulsan a los agricultores y sus cooperativas de este canal de comercialización.

En este sentido, se hace imprescindible la intervención de las administraciones que deben proporcionar instrumentos legislativos claros para solucionar esta injusta situación: es necesaria una modificación urgente de la Ley de Interprofesionales y de la Ley de contratos tipo. En lugar de eso, resulta significativo, además de lamentable, que en un marco de desregulación de los mercados agroalimentarios, la Comisión Nacional de la Competencia, en lugar de defender al sector agrario de los abusos de posición dominante de la gran distribución, se haya convertido en el principal mecanismo para desmembrar y desestructurar el sector agrario, a través de diversas sanciones a interprofesionales de distintos sectores que planean ahora sobre el sector hortofrutícola. Poner en tela de juicio el papel de las interprofesionales, lugar de encuentro donde la producción y el comercio pueden establecer relaciones contractuales a largo plazo que respeten los costes de producción, supondría un nuevo y duro golpe para un sector que no dispone de medidas eficaces de gestión de crisis en su OCM y, en definitiva, que carece de instrumentos legislativos de regulación.