La sostenibilidad, el mantenimiento de la cohesión territorial, el valor añadido en términos de creación de empleo y generación de riqueza para Andalucía son aspectos añadidos al actual proyecto de Ley de Aguas de Andalucía que permitirán que se respeten los derechos históricos de los usos agrarios para el regadío al establecer una priorización objetiva de los mismos, una vez garantizados los usos básicos para la población y los caudales ecológicos. En la Jornada sobre La Ley de Aguas de Andalucía: su impacto en la agricultura, organizada por ASAJA GRANADA, se ha puesto de relieve la necesidad de que se apliquen con coherencia estos criterios para que el agua siga desempeñando un papel fundamental en el desarrollo económico y social de Andalucía. No se recogían así en el anteproyecto, criticado precisamente por no garantizar los usos existentes y vulnerar con ello la legislación básica en materia de concesiones aunque, como quedó patente, gracias a la inclusión de esta apreciación en el texto del proyecto junto con otras tantas modificaciones como la garantía de los usos privativos de las aguas subterráneas (un 80% del millar de alegaciones y aportaciones recibidas desde varios frentes) el sector agrario y del regadío han ido acercando posiciones con el ejecutivo andaluz. Se declaró que quedan, no obstante, diferencias por resolver referidas fundamentalmente al canon de servicios generales (art. 100), sospechoso de perseguir un afán meramente recaudatorio, que se esperan salvar en trámite parlamentario.

El gerente de FERAGUA, Pedro Parias, refiriéndose al canon subrayó que el artículo tal y como está redactado induce a pensar que los agricultores financiarán todo tipo de gastos no sólo los gastos de administración que tengan que ver con la gestión de las obras y los recursos hídricos. El asesor jurídico de ASAJA, Emilio Vieira, por su parte, subrayó que este canon pretende hacer pagar a los regantes la superadministración burocrática creada (compuesta por la Agencia Andaluza del Agua, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, las Delegaciones Provinciales y el Banco Público del Agua) así como financiar infraestructuras de las que los agricultores no se van a beneficiar, sin tener en cuenta, además, que el sector agrario ya cubre el 98 por ciento del coste del agua a diferencia de otros sectores que son los que sí están subvencionados. Carolina González Vigo insistió igualmente en que el canon de servicios generales servirá para costear los gastos administrativos incrementado la burocracia en torno al agua.

Respecto a otras diferencias con el texto de la Ley, desde FERAGUA Pedro Farias apuntó que el concepto de usuario debería entenderse no como mero consumidor sino reservarse «a los titulares de derechos privativos sobre uso del agua en tanto que gestores de los recursos hídricos” y “debe contar con una mayor representación en los órganos de gobierno y gestión de la Administración Hidráulica”. También puntualizó que debe posibilitarse que “pozos de naturaleza privada ubicados en zonas regables con concesión de aguas superficiales puedan convertirse en aguas públicas y ser un aprovechamiento alternativo y complementario al aprovechamiento superficial existente”. Por último, propuso que se compense la disminución de la superficie de riego no con “la inclusión de otros regadíos existentes y cercanos” sino con la “inclusión de otros predios rústicos limítrofes”. Desde ASAJA, Emilio Vieira, expuso que debe mejorarse, además, en el texto de la Ley, la relación que se establece entre aguas subterráneas y superficiales, no vinculadas por una relación absoluta como se pretende, y que la aplicación de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (Ley GICA) supone un enorme agravamiento de las sanciones respecto del régimen disciplinario hoy vigente en materia hidráulica que debe ser revisado.

Se mostraron, por otra parte, algunas inquietudes acerca de la política hidráulica del Gobierno andaluz. Pedro Parias, representante de FERAGUA, manifestó que la Junta de Andalucía ha querido avanzar muy deprisa con la Ley de Aguas legislando sobre asuntos que no eran urgentes ni necesarios (dominio público, las aguas subterráneas, la planificación hidrológica, el régimen sancionador, el régimen concesional…) cuando tenía tarea suficiente con hacer andar la Agencia Andaluza del Agua y con demostrar su capacidad para gestionar las competencias transferencias, temiendo un nuevo fracaso en el sistema de gestión hidráulica. Carolina González Vigo cuestionó, por su parte, a la Agencia Andaluza del Agua por la no ejecución de las inversiones hidráulicas previstas desde su creación en 2005. Emilio Vieira, representante de ASAJA puso en duda la incentivación de la Ley para acabar con el déficit hídrico andaluz ya que en su opinión no fomenta la modernización del regadío ni la construcción de infraestructuras.

En este momento, la principal preocupación es el pleno consenso de la Ley de Aguas de Andalucía durante la tramitación del proyecto en el Parlamento, con el fin de conseguir que se respeten los derechos e intereses de agricultores y regantes. A partir de ahí se tendrá que hablar de una política de aguas más ambiciosa, que no se conforme con regular la demanda sino que vaya más allá y busque incrementar la oferta mediante nuevos embalses, trasvases y modernización de regadíos alcanzando a todos los regantes. ASAJA no duda que el futuro de la agricultura será una agricultura con agua o no será, por lo que resulta fundamental que todo aquel que cumpla con la normativa pueda acceder a este recurso imprescindible para generar riqueza y empleo en el campo andaluz.