La `Alianza por la unidad del campo, que conforman las organizaciones UPA y COAG, consideran inasumible para el sector agrario de Castilla y León el nuevo incremento de tarifas eléctricas de acceso que se ha impuesto por parte del Gobierno a partir del 1 de enero del 2010.

Los agricultores y ganaderos deberán afrontar una nueva tarificación con un sobrecoste que puede rondar el 8 %, lo que unido a la crisis económica que lleva arrastrando el sector en el 2009 supone un varapalo muy importante para las economías de las explotaciones familiares.

En este caso se produce un incremento de la factura final, puesto que a pesar de que el coste de la energía se ha reducido ligeramente sin embargo ha habido una fortísima subida de la `tarifa de acceso´, que es un componente de la tarifa integral que se revisa de forma anual, y que tiene en cuenta el importe del transporte, la distribución, el mantenimiento y otras partidas reguladas.

Otro de los cambios sustanciales a parir del 1 de enero es el incremento desmesurado de penalizaciones en concepto de `energía reactiva´, lo que puede incidir muy negativamente en el coste final de la factura.
COAG y UPA consideran que esta nueva subida va en dirección contraria a la propuesta realizada en un principio por el Gobierno en las negociaciones abiertas con las organizaciones agrarias.

Además para la `Alianza por la unidad del campo´ esta subida tarifaria pone en peligro incluso la sostenibilidad de nuestra agricultura, y puede suponer una reducción muy severa de cultivos de regadío como el maíz, remolacha o patata, poniendo en serio riesgo el futuro de determinadas zonas productivas, y por lo tanto una parte importante de la agricultura de esta región.

Ambas organizaciones consideramos que el fuerte encarecimiento de la factura eléctrica supone un duro castigo al esfuerzo inversor de quienes han modernizado las explotaciones para ahorrar agua. Es importante tener en cuenta la relevancia económica del consumo de electricidad, ya que supone uno de los principales costes de producción en la actividad que se desarrolla en Castilla y León.

Estamos, así pues, ante el tercer incremento consecutivo del coste de la factura eléctrica para el sector agrario en apenas un año; el primero en enero del 2009, después en julio del 2009 y ahora en enero de 2010.
UPA y COAG exigimos que se adopten medidas urgentes para garantizar las mejores condiciones posibles para los usuarios, ya que en una situación de crisis como la actual el sector agrario no puede verse sometido a la presión de unas tarifas inasumibles e impuestas por el Gobierno de forma injustificada.

En este sentido solicitamos que se pongan en marcha los mecanismos necesarios, con modificaciones legislativas incluidas, para que las nuevas tarifas no ahoguen más al sector agrícola y ganadero. Al respecto, el papel crucial que juegan los regadíos y la modernización de los mismos, por su ahorro de agua, debe ser considerada una actuación estratégica que en ningún caso debe llevar aparejada un incremento despropocionado una vez más del importe de la factura sin incrementar el consumo.