Tras conocer su contenido, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) califica de absolutamente decepcionantes los resultados de la Mesa de Finalidad Agraria celebrada ayer entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y una parte del sector agrario.

Esta Organización considera que, tras casi 20 encuentros celebrados hasta la fecha, ha llegado el momento de que tanto la cartera que dirige Elena Espinosa como quienes se están sentando al otro lado de la mesa de negociación cambien de una forma radical su forma de actuar y busquen soluciones de verdad para la tremenda crisis que están soportando los Agricultores y Ganaderos a Título Principal, dejando a una lado las bonitas palabras, las buenas intenciones y declaraciones ante los medios de comunicación.

El encuentro de ayer en Madrid ha sido una vez más, una mera puesta en escena con muchas fotografías, pero muy pocos resultados e incluso como asegura uno de los asistentes “No nos han ofrecido prácticamente nada que no estuviera ya aprobado, negociado o concedido”, algo que resulta inaceptable para la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) teniendo en cuenta la delicadísima situación que están pasando quien de verdad se dedica a la Agricultura y Ganadería.

Quizás el tema del gasóleo agrícola sea, en opinión de esta Organización, el ejemplo más sangrante de todos. El 7 de diciembre de 2005 se rubricaba un acuerdo que, según sus firmantes, era la solución a todos los problemas del campo, sin embargo, a fecha de hoy, todavía no se ha puesto en marcha el tan cacareado por algunos gasóleo profesional y lo único que han logrado es que se devuelva un impuesto que el agricultor tiene que adelantar meses antes.

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reitera la necesidad de medidas que de verdad sirvan a los profesionales y no de mera palabrería que cada vez menos agricultores y ganaderos se creen, cansados de promesas, mientras ven como sus explotaciones, poco a poco, se arruinan, totalmente endeudadas. Ha llegado el momento de que todas las Administraciones Públicas pongan en marcha un plan de refinanciación de la deuda que cuenta con un marco legal donde apoyarse que es el régimen de “minimis”, ayudas que Bruselas permite articular a los estados miembros hasta 15.000 euros por explotación, en línea con lo que ya han realizado otros países como Italia, Hungría y Lituania tras el visto bueno de la UE