El Catedrático de la Universidad de La Rioja, Antonio Fanlo, defendió ayer, durante la celebración de la XII edición del Congreso Nacional de Regantes en Tarragona, que la gestión de las aguas que discurren por más de una comunidad autónoma (cuencas supraterritoriales o intercomunitarias) corresponde exclusivamente al Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas, tal como recoge la Ley de Aguas y la Constitución en sus artículos 149 y 18. (Ver ponencia adjunta al final de la información).

En este sentido, Fanlo -quien reconoció que hubiera sido deseable que la Constitución hubiera resuelto con mayor rigor la delimitación de competencias en materia de aguas entre Estado y comunidades autónomas- afirmó que el origen de que las regiones se consideren “inadecuadamente desapoderadas” de autoridad y luchen por obtener un protagonismo exclusivo en la gestión de los recursos hídricos tiene su origen en la “incomprensión” del modelo de organización del agua existente en España.

De esta forma, aclaró que las comunidades autónomas pueden participar de modo directo en la gestión del agua pero no “extralimitarse” en sus competencias, ya que por ley tienen representación institucional en los órganos de gobierno, planificación y coordinación de las Confederaciones Hidrográficas y además ostentan las competencias sobre las demandas de agua (urbanismo, agricultura, pesca, sanidad y espacios naturales).

Así, calificó a las Confederaciones Hidrográficas, creadas en 1926, de “patrimonio institucional”, argumentando que constituyen la forma más adecuada para el ejercicio de las competencias estatales en materia de aguas, ya que plasman el principio de participación de todos los interesados en la gestión de este recurso, desde las distintas administraciones públicas –Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales- hasta los propios usuarios.

De esta manera, calificó de “paradójico” que España quiera terminar con este modelo de gestión, “dilapidando una experiencia histórica que ha servido de inspiración en el ámbito internacional”, ya que ha sido la base para el desarrollo de la Directiva Marco de Aguas (DMA). Así, mientras que “nosotros relegamos estas entidades”, en otros países de nuestro entorno propician la implantación de organismos de cuenca con características semejantes a las Confederaciones Hidrográficas, calificadas por las instituciones internacionales como “ideales” para asegurar la administración óptima de los recursos hídricos.

En este sentido, destacó que estas entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y autonomía funcional, realizan la gestión del agua por cuencas hidrográficas, de manera que prescinden de las divisiones político-administrativas del territorio, velando por los intereses generales de todos los españoles y no por las prioridades de una comunidad concreta.

La necesidad de una organización común

Así, calificó de “incomprensible” el hecho de que se “fracture” el principio de unidad de cuenca cuando la experiencia de estados federales (USA, Canadá, Australia), donde no existe una tradición centralista a la hora de gestionar los recursos hídricos, muestra que la falta de una organización institucional común deriva en conflictos por la disponibilidad del agua.

De hecho, la experiencia demuestra que cuando en España se ha roto este principio y se ha basado la gestión en criterios territoriales y políticos, los intereses globales han resultado perjudicados, derivando en “agrias polémicas” y enfrentamientos entre comunidades autónomas, provincias y usuarios por el control del uso del agua, poniendo de manifiesto que una administración eficaz de este recurso requiere de “saberes técnicos” e instituciones adecuadas para “su buen gobierno”.

Además, recordó que esta “lucha” por el control sobre el agua –percibida como un recurso “territorializado”- está adquiriendo una dimensión que está superando el plano político y se está trasladando al plano jurídico a través de las distintas reformas estatutarias abanderadas por las comunidades de Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Valencia y Castilla-La Mancha. Modificaciones que, según Fanlo, constituyen la reacción política a la derogación del trasvase del Ebro, al que calificó de “instrumento electoral”.

De esta forma, Aragón propugna la gestión individualizada del tramo autonómico del río Ebro, oponiéndose frontalmente a cualquier posible trasvase; Andalucía asume las competencias exclusivas del río Guadalquivir sin esperar a que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad planteado contra su Estatuto; Castilla y León reivindica la gestión del río Duero y Castilla-La Mancha exige el control del Tajo y el Júcar.

En este sentido, insistió que este “blindaje” del agua que pretenden asumir las comunidades autónomas no se ajusta a la Constitución, ya que tal y como ha ratificado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, las actuaciones que puedan llevar a cabo las Administraciones Autonómicas sobre las aguas que discurren por varias comunidades “sólo son factibles si no interfieren ni perturban” las funciones de las Confederaciones Hidrográficas y así será en tanto en cuanto no se modifique de forma expresa el texto constitucional, puesto que su reforma indirecta a través de los Estatutos de Autonomía es “inadmisible”.

Fanlo aclaró que las reformas estatutarias en curso limitan el libre ejercicio de las competencias de las Confederaciones Hidrográficas, al ampliar los derechos que tienen las cuencas excedentarias sobre las aguas sobrantes, como es el caso de la reserva hidráulica que incluye el Estatuto de Castilla-La Mancha, y también al exigir informes previos a los trasvases que deben decidir las Cortes Generales, como los que obligan a los poderes públicos aragoneses a velar para evitar transferencias de aguas de las cuencas a las que pertenezca Aragón.

A tiempo de rectificar

Por último, el catedrático afirmó que el Estado “consiente el desmantelamiento” de nuestro modelo institucional de gestión del agua, ya que -además de aprobar la gestión del Guadalquivir a Andalucía o la del Duero a Castilla y León, así como consentir el establecimiento de reservas de agua para uso exclusivo de algunos ciudadanos, autolimitando la libre disponibilidad de recursos para el conjunto de la cuenca- ha integrado los acuíferos del Bajo Ebro en el ámbito territorial de Cataluña y ha atribuido a la Generalitat la aprobación del Plan Hidrológico de esta región, cuando es competencia del Gobierno.

Además, otras medidas legislativas que contribuyen a esta desconfiguración son la creación de la figura del Comité de Autoridades Competentes, cuando solo las Confederaciones Hidrográficas son responsables de la gestión del agua en las demarcaciones; o la “desvirtuación” de los Consejos de Cuenca, relegándolos de su función de elaboración y aprobación de planes hidrológicos.

En este sentido, Fanlo afirmó que el Estado debería poner en marcha los mecanismos de acción para desarrollar una política nacional de aguas, argumentando que la suma de soluciones individuales no resulta la solución global para toda la cuenca y aprovechando que las lluvias de este invierno “amplían el plazo para rectificar el camino equivocado”.

El Congreso Nacional de Comunidades de Regantes tiene su origen en 1913 en los Congresos Nacionales de Riegos, que nacieron con el ánimo de crear un organismo permanente dedicado a la ejecución de obras públicas que favorecieran un mejor aprovechamiento de las aguas. Estos encuentros, interrumpidos a raíz de la Guerra Civil española, volvieron a retomarse en 1964 con la celebración del I Congreso Nacional de Comunidades de Regantes en Valencia. Desde entonces y hasta la fecha, se han celebrado un total de once congresos en las ciudades de Valencia, Sevilla (2), León, Murcia, Zaragoza (2), Granada, Badajoz, Castellón y Palma de Mallorca.

FENACORE es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, creada en 1955, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el fin de defender sus intereses y derechos de uso del agua. En la actualidad, cuenta con numerosas entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir, más del 50% del regadío nacional. FENACORE trabaja estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente. Además, es órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y vocal nato del Consejo Nacional del Agua. En el marco internacional, FENACORE es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC), que representa en Bruselas a todos los países miembros.