La Comisión Europea ha adoptado una decisión por la que exige el reembolso de un importe total de 265,02 millones de euros de fondos agrarios de la UE indebidamente gastados por los Estados miembros. El reintegro de ese montante al presupuesto europeo se debe al incumplimiento de las normas de la UE o a la aplicación de procedimientos inadecuados de control de los gastos agrarios.
España tendrá que devolver 7,219 millones de euros. El grueso de esta cantidad (5,88 millones de euros) corresponde a las ayudas por superficie, debido a deficiencias en los controles sobre el terreno, a deficiencias en el sistema de control y a una incorrecta aplicación en la normativa.
El sector español de aceite de oliva también tendrá que devolver dinero (1,3 millones de euros), ya que en la financiación del SIG oleícola, determinadas actividades declaradas al FEOGA carecían de derecho a financiación de la UE.
La Comisión Europea también reclama 42.000 € al sector de vacuno español, por la demora en los controles sobre el terreno de la prima especial por ganado vacuno, por deficiencias de los controles administrativos de la prima por sacrificio e inaplicación de sanciones.
Además, de a España, las autoridades comunitarias reclaman fondos a otros nueve países: Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido. Destacable es el caso de este último país, al que la Comisión Europea le reclama 223,765 millones de euros, especialmente por las deficiencias en el sistema de identificación de parcelas (SIP-SIG).
Hungría es el segundo principal deudor con 13,05 millones de euros, fundamentalmente debidos a que en el almacenamiento de intervención se ha utilizado un tipo de cambio incorrecto y a la inclusión indebida del impuesto sobre el valor añadido al establecer el precio de compra de azúcar blanco por los organismos públicos de intervención.
A Alemania se le reclama 9,35 millones, principalmente debidos a que en el sector de frutas y hortalizas se han detectado deficiencias en el sistema de control en lo que respecta al reconocimiento de las organizaciones de productores, se ha sobreestimado el valor de la producción comercializada y se han declarado gastos no subvencionables.
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