Ahora que finaliza el año agrícola, ha llegado el momento de realizar balance, analizar los problemas que nos afectan, los retos que nos esperan y las actuaciones a emprender en el futuro.

Este año los agricultores hemos tenido la gloriosa oportunidad de ver cómo nuestros cultivos, plantas, árboles y demás especies que los componen, han vuelto a la vida. Los cítricos, nísperos, cerezos,… han perdido la clorosis que sufrían, que es el síntoma que muestra que se están muriendo de sed y que se evidencia en un aspecto amarillento de la hoja. Afortunadamente y gracias a la lluvia, han recuperado su verdor y una vigorosidad que no se observaba desde antaño. Estos hechos han permitido obtener una producción de excelente calidad y conseguir, por ejemplo, que las exportaciones alicantinas de alimentos hayan generado una repercusión económica de 379.809.827 euros durante el primer semestre del año.

El beneficio que aporta la agricultura no sólo se queda en la suma de dinero con la que contribuye a las deprimidas arcas de las administraciones. No sólo versan sobre su posicionamiento como uno de los sectores más importantes y uno de los pocos que nos permitirá superar los devastadores efectos de la crisis que nos azota. La agricultura y ganadería además genera un bien básico: el del alimento; mantiene los paisajes y protege el entorno al, por ejemplo, ser útil para evitar los incendios que arrasan nuestro territorio, además de frenar la despoblación y crear puestos de trabajo.

Sin embargo, el empresario agrícola apenas cuenta con ayuda. Percibe una renta tan escasa que en demasiadas ocasiones no le da ni para vivir y se ve obligado a abandonar las tierras en las que produce pues estamos en un momento en el que es muy arriesgado invertir en agricultura y poner en marcha nuevas fincas por los bajos precios de los productos en origen. Encima es víctima de incesantes engaños por parte de la clase que nos gobierna como la cantidad de dinero que se destina a planes de mejora rural y otras subvenciones, que en excesivas ocasiones se quedan en manos de políticos avariciosos.

Debemos apostar por la agricultura por motivos que redundan en una triple vertiente: la economía, el bienestar social y el medio ambiente. El agricultor reclama a viva voz precios justos, que no bajen por debajo de los costes de producción. Los agricultores también quieren canales, redes, cañerías,… en definitiva, tuberías porque significan la distribución del preciado elemento, que es el que garantiza la viabilidad del sector.

Como vemos, el empresario agrícola aporta mucho y pide bien poco. Aún así, está sometido a continuos abusos y es víctima de constantes engaños. La última la estamos viviendo con lo que más nos preocupa e importa: el agua. Adelantan que el trasvase Júcar-Vinalopó estará listo a finales de año para impulsar agua de Cullera a Villena y después al resto de la provincia gracias a las obras del postrasvase. Sin embargo, para que el agua sirva para beber y regar debe ponerse en marcha una potabilizadora, que supone un importante coste y que aún no se ha concretado cuándo ni dónde ni cómo se instalará pese a las incesantes preguntas que ha efectuado Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante. ¿De dónde obtendrán el dinero para costearla? ¿Qué precio tiene para el regante? ¿Y si se quedan sin implantarla? Entonces habremos tirado a la basura 350 millones de euros. Es un desastre y una de las nefastas consecuencias que se obtiene después de decisiones erróneas como la que adoptó la Crisitina Narbona al derogar de forma unilateral y bravucona el Plan Hidrológico Nacional y el trazado inicial del Júcar Vinalopó, ambos proyectos financiados al 50% por la UE.

Recordamos que los españoles, independientemente de su ideología política, llevan reclamando el reparto equitativo del agua desde la II República. Ya entonces se elaboraron pormenorizados estudios para conseguir conectar las cuencas hidrográficas y es lo que ahora exigimos: recuperar el Plan Hidrológico Nacional impulsado durante el Gobierno de Aznar. En España ahora tenemos agua. Debemos aprovechar el momento para embalsarla y distribuirla y evitar así que se desperdicie y vierta al mar. ¿Por qué le costará tanto al Gobierno distribuir de forma lógica los recursos hídricos y por qué mete tanto la pata en las decisiones que adopta respecto a esta materia? Es una falta de responsabilidad absoluta no gestionar eficientemente nuestros recursos. Deberían pagar por ello. Sinceramente, considero que ésta es la decisión más importante que deberíamos adoptar en el futuro. A ver si así se acaban los engaños.