El informe “Bove” sobre la mejora de la transparencia de la cadena alimentaria, aprobado por el pleno de la eurocámara el pasado 7 de septiembre, constituye un espaldarazo muy relevante a las posturas que desde ASAJA Alicante hemos mantenido en relación al problema de precios bajos en origen, que se ha instalado y solidificado en la ganadería y en la comercialización de frutas y hortalizas frescas y que soportan, fundamentalmente, los agricultores y ganaderos, que encuentran en el sector primario su actividad económica principal.

En efecto, este informe viene a desvirtuar la doctrina impuesta estos últimos años por la Comisión Nacional de la Competencia y su antecesor el Tribunal de Defensa de la Competencia de no intervenir en el manipulado “libre mercado”, aunque persistan las situaciones de abuso de poder y piratería comercial. El reseñado informe recoge la imperiosa necesidad de garantizar unos ingresos justos para los agricultores y ganaderos de la UE y, para ello, nos indica que resulta imprescindible precisar de una vez por todas de dónde provienen los desequilibrios del mercado, quiénes son los actores de los abusos de poder en las transacciones comerciales, el origen y promotores de los retrasos en los pagos, erradicar las situaciones de dominio y actuaciones contrarias a la competencia y las practicas contractuales abusivas, así como prohibir expresamente la “venta a pérdidas”, más conocida en nuestra zona como “venta a resultas”; y, en definitiva, obtener un reparto más justo de los beneficios entre los productores, la industria y la gran distribución.

En el sector agroalimentario (y en otros) el libre mercado no existe. No hay una verdadera liberalización, está dirigido y controlado por unos pocos. La Comisión Nacional de la Competencia adscrita al Ministerio de Industria del Gobierno de España no ha actuado con la diligencia debida, permaneciendo impasible ante los reiterados y prolongados abusos que se suceden, que provocan entre otras situaciones, que la venta de la mayoría producciones agrícolas se efectúen por debajo del coste de producción para recuperar, al menos, el 70% de la inversión realizada.

Al respecto, el Gobierno lleva 6 años en una desidia intolerable, un Ejecutivo apático y falto de ideas, incapaz de resolver ni uno solo de los problemas de los agricultores y ganaderos. No sólo no ha movido ni un dedo para solucionar todas estas dañinas situaciones de vender los limones a 0.12 ctm/kg, por ejemplo; sino que ni siquiera se ha molestado en investigar por qué un kilo de patatas llega al consumidor con un incremento superior al 2.000% respecto al precio percibido por el productor, y ha hecho oídos sordos a todas nuestra peticiones de implantar un seguro de costes o la promulgación de una ley sobre márgenes comerciales. Sin embargo, sí que ha mostrado firmeza e, incluso, fijación en que los contratos homologados no contuvieran índices de precios básicos referenciados a los costes de producción, poniendo todas las trabas habidas y por haber, bajo pena de sanciones millonarias, para que desde las interprofesionales no se tomaran acuerdos con contenidos que mejoraran la renta de los agricultores.

En este contexto, sin lugar a dudas, la generalización de los contratos homologados (tal y como se va a hacer en esta campaña en las transacciones de cítricos) es a mi juicio una oportunidad política y coyuntural de suma importancia que debemos abordar con responsabilidad y compromiso. En efecto, el contrato homologado, hoy por hoy, no soluciona todos nuestros problemas. Es una herramienta que todavía está por perfeccionar, pero también supone un avance porque impulsa un debate que puede provocar cambios estructurales en nuestras costumbres y formas de comercializar. Constituye una línea abierta importantísima que tenemos que desarrollar y mejorar en aras a obtener una mayor transparencia en el mercado.

¡El reto esta ahí! Éste es el camino que los representantes de los agricultores y ganaderos tenemos que emprender en los próximos años en todos los subsectores agrarios y, para ello, resulta de vital importancia el compromiso e implicación de todas las partes. Como reza el cartel promocional de Intercitrus: “Dos firmas valen más que mil palabras”.

En este sentido, desde ASAJA ALICANTE, hacemos un llamamiento a los productores de cítricos para que en la presente campaña exijan el uso del contrato homologado en la venta de sus limones, naranjas y mandarinas. Ahora bien, si verdaderamente queremos cambiar la tendencia y avanzar en relación a los precios agrarios, es necesario hacer cambios más profundos en el citado documento y, en concreto, establecemos 2 prioridades: la obligatoriedad de su uso en todas las transacciones y que contenga precios referenciados a los costes de producción. Sólo de esta manera, se podrán alcanzar los objetivos de defender la renta agraria y la agricultura mediterránea, regularizar las relaciones comerciales, dar valor a lo que producimos y mejorar la situación del campo.