Los Consejeros de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá, Andalucía, Clara Eugenia Aguilera, Canarias, Pilar Merino y Valencia, Maritina Hernández, firmaron, el lunes, en Murcia, una «Declaración Institucional en defensa del sector español productor y exportador de frutas y hortalizas», en la que piden que no se ratifique el actual Acuerdo con Marruecos en lo relativo al sector de frutas y hortalizas y que se reforme el régimen de precios de entrada, entre las principales demandas.

La Declaración consta de una parte de exposición con 7 puntos y una declaración con seis puntos, que se trascribe a continuación.

Exposición:

Primero.- España es un gran productor de frutas y hortalizas y especialmente de tomate en fresco en la Unión Europea, sector que tiene una gran importancia socioeconómica en las principales zonas productoras y exportadoras de las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, Canarias y Valencia, que exportan el 90 por ciento de la producción nacional.

Segundo.- Las importaciones hortofrutícolas procedentes de países terceros, cuyas producciones entran en competencia directa con las de nuestro país, están influyendo en una imparable disminución de los precios en origen, y en el desequilibrio de los mercados de tomate y de otras frutas y hortalizas, que perjudican gravemente al sector agrario español.

Tercero.- Actualmente la Unión Europea se encuentra en un período de renovación de muchos de los acuerdos comerciales en aplicación, cuya consecuencia es una creciente liberalización de las importaciones de frutas y hortalizas, sin ninguna contrapartida para el sector español. Mientras, permanece prácticamente cerrado el acceso a los mercados de otros países con alto poder adquisitivo, provocando una mayor concentración de la oferta de todos los países productores sobre el mercado comunitario.

Cuarto- En el marco de estos acuerdos, la coincidencia de los calendarios de producción con España, y la cercanía de estos países terceros mediterráneos al mercado comunitario están provocando grandes daños al sector del tomate español, y un ‘efecto dominó’ sobre otros cultivos estratégicos, tanto bajo abrigo como al aire libre, como el pimiento, el calabacín, la sandía, la fruta de hueso, la uva de mesa, los cítricos y la fresa, entre otros.

Quinto.- El acuerdo Euromediterráneo entre la Unión Europea y Marruecos para el intercambio de los productos agrícolas y pesqueros, que entró en vigor el 1 de marzo de 2000, ha provocado un aumento considerable de las exportaciones de tomate marroquí a la Unión Europea, realizándose grandes volúmenes en periodos en los que los valores globales de importación se encuentran muy por debajo de los precios de entrada sin pagar los derechos de aduana específicos. Se ha incumplido, además, sistemáticamente su función de estabilizar el mercado comunitario en los niveles de precios establecidos en el régimen de precios de entrada y en el Acuerdo de Asociación vigente.

Sexto- En los próximos meses se pretende ratificar un nuevo acuerdo que incrementará las concesiones sin considerar las consecuencias tan negativas que ha tenido el acuerdo actual sobre el sector español ni su deficiente aplicación porque no se ha respetado el precio de entrada preferencial, ni adoptado ninguna medida para evitar las perturbaciones graves de los mercados.

Séptimo.- Los agricultores españoles están iniciando actuaciones para la reconversión del sector productor del tomate que repercutirá en la mejora fitosanitaria del cultivo, en la reducción de los costes de producción y en la mejora de la calidad y de los rendimientos obtenidos. Sin embargo, este esfuerzo no será eficaz si se aumentan las concesiones a Marruecos en un momento en el que se están estableciendo en este país grandes explotaciones, que practican el dumping social, y con producciones de frutas y hortalizazas orientadas al mercado comunitario, que competirán directamente con los productores españoles.

En función de lo expuesto, y ante el desarrollo de las negociaciones del Acuerdo de Asociación, es necesario que las autoridades comunitarias implicadas tengan en cuenta las demandas que a continuación se formulan con objeto de evitar mayores perjuicios al sector productor de tomate español.

Declaración

Primero.- Que se defiendan los intereses del sector productor y exportador de tomate en fresco, prevaleciendo en todo momento el principio de preferencia comunitaria en cualquier acuerdo que Europa cierre con países terceros. Dicho principio será también aplicable al resto de frutas y hortalizas incluidas en los acuerdos comerciales con países terceros.

Segundo.- Que no se ratifique el actual Acuerdo con Marruecos en los términos pactados en lo relativo a nuevas concesiones de frutas y hortalizas respecto al tratado actual, ya que perjudican directamente al sector español.

Tercero.- Que debe reformarse el régimen de precios de entrada y mejorar su gestión para garantizar una correcta aplicación del acuerdo en vigor y el pago de los derechos de aduana específicos, con el fin de evitar el hundimiento de los mercados comunitarios por debajo de los niveles previstos en los precios de entrada.

Cuarto.- Que han de reforzarse y potenciarse los controles aduaneros en frontera para asegurar el cumplimiento de los acuerdos en cada momento, así como intensificar los controles fitosanitarios y los relativos a la seguridad alimentaria para garantizar que los productos agrícolas extracomunitarios ofrecen las mismas garantías al consumidor que los cultivados en la UE.

Quinto.- Que ha de exigirse reciprocidad respecto a las condiciones de producción de los terceros países, en cuanto a los aspectos fitosanitarios, medioambientales y sociales, siendo imprescindible incluir esta cuestión en el Acuerdo con Marruecos. De lo contrario, supondría una discriminación para los productores españoles en el mercado comunitario y la aceptación de un dumping social de graves consecuencias sociales en todas las zonas productoras.
Además, no debe permitirse la entrada de frutas y verduras en cuyo proceso de producción se empleen materias activas cuyo uso esté prohibido en la Unión Europea.

Sexto.- Que han de trasladarse a las instituciones europeas con premura estas reivindicaciones, con el objeto de que sean tenidas en cuenta.