Después de analizar la propuesta realizada por el Partido Socialista Español sobre la gestión del agua, bajo el título “Gestión Sostenible del Agua. Hacia un gran Pacto Social”, desde el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias queremos hacer las siguientes apreciaciones:

Consideramos muy loable intentar llevar a cabo una gestión sostenible del agua. Sin embargo, no compartimos la idea de crear un Ente Gestor Global, tal como plantea el Partido Socialista, que dependa de la Administración General del Estado, y que coordine todas y cada una de las demarcaciones hidrográficas. Creemos que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) tiene entidad suficiente para representar al Estado y capacidad para coordinar una Política de Estado sobre el agua en España.

Nuestro sistema de gestión del agua de los ríos por cuencas hidrogeográficas, gestionadas por un único organismo, fue creado en 1929, avalado además por la Unión Europea a través de la Directiva Marco del Agua, y parece tener contrastado el suficiente acierto como para mantenerlo y mejorarlo en su caso.

Además, la creación de un Ente Gestor Global Estatal, que conlleva la creación de un Observatorio Nacional del Ciclo Urbano Sostenible del Agua, así como del Centro de Estudios del Agua; supondría un mayor gasto público para el Estado.

Lo que sí apoyamos es la creación de un Consejo en el que participen la Administración a nivel estatal, autonómico y local; los usuarios y las organizaciones sociales, que esté bajo la tutela y la coordinación del MARM. Actualmente, ya existen suficientes centros de investigación, tratamiento y gestión del agua, que suponen un alto coste de funcionamiento. Lo que hace falta es que el Estado coordine una verdadera Política de Aguas común para todo el Estado, considerando y teniendo en cuenta las particularidades que recoge el sistema político-administrativo de España en la actualidad.

El coste del agua
Los socialistas proponen también un “nuevo sistema tarifario para los beneficiarios de la utilización energética del recurso hídrico”, así como “una tarifa que cubra todos los costes, incluidos los de capital” para los nuevos regadíos. Creemos que ello supone una desventaja para el sector agropecuario español, ya que España es el país de la UE con más hectáreas de regadío. La producción agraria, así como la industria agroalimentaria se verían gravemente afectadas y se produciría una pérdida de competitividad de las producciones agrarias españolas frente a las del resto de la Unión, donde dicha tasa no supera el 20%. Por ello, sería conveniente que se arbitrara un sistema que compense a los agricultores ese sobrecoste de producción dado que ellos no pueden revertirlo en el precio de sus productos y por tanto perderían competitividad.

Analizando el contexto nacional actual, y teniendo en cuenta la realidad económica de España y lo estratégico que es para el país el sector agroalimentario como medio para diversificar la economía, la propuesta más acertada es una gestión del agua por demarcaciones hidrográficas, debidamente coordinadas por el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

La producción agropecuaria y la industria agroalimentaria en España no tienen futuro sin el regadío, por lo que es básico y fundamental una Política de Estado sobre el Agua.