El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Agua­­­­do, ha aprovechado la celebración de la XIV Jornada de la Mujer Rural para reclamar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, así como al Gobierno central que ejerzan la presión necesaria para lograr que el uso del contrato de compraventa citrícola sea obligatorio. El jefe del Consell -que encabezó una abundante representación institucional que incluía a la consellera de Agricultura, Maritina Hernández y la consellera portavoz, Paula Sánchez de León- reconoció el buen hacer de la Guardia Civil y la Policía Nacional pero se comprometió a exigir a Madrid “las competencias y los recursos necesarios” para asumir la vigilancia en el campo en el caso de que persista el clima de inseguridad e indefensión del agricultor.

Alrededor de un millar de mujeres procedentes de decenas de municipios respaldaron con su presencia este acto organizado por AVA-ASAJA y la Asociación Valenciana de Mujeres y Familias de Ámbito Rural (AVAMFAR). El contenido de la Jornada giró en torno a los cambios impulsados desde todas las administraciones -Bruselas, Madrid y Valencia- para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria.

En este sentido, la organización agraria ha reclamado por carta a la nueva ministra de Medio Rural, Rosa Aguilar, que adapte a la citricultura el decreto que ya se ha anunciado para hacer obligatorio el uso del contrato homologado para la industria de leche. En virtud de esta nueva regulación, las ayudas estatales a la industria se condicionarán a la presentación del contrato de compraventa. De ahí que hoy Aguado, no sólo haya insistido en tal idea, sino que además haya solicitado al Consell que en la medida de sus posibilidades trabaje en esta dirección. Así, el presidente de AVA-ASAJA ha valorado positivamente el anuncio de la puesta en marcha de un Observatorio de Precios Agrarios valenciano, así como de los trabajos para aprobar un Código de Buenas Prácticas que vincule al productor, comercio y a la gran distribución. “Aunque la Generalitat no tenga competencias, sí es necesario que el Código se apruebe lo antes posible y que oriente todos los esfuerzos autonómicos (inspecciones de trabajo, inspecciones de calidad, ayudas agroalimentarias…) a forzar el uso del contrato que aprobó Intercitrus”, instó Aguado.

Durante la clausura del acto, Camps y Aguado coincidieron en criticar el “grave error y desprecio para los labradores” que supuso la desaparición del Ministerio de Agricultura. En esta línea, el jefe del Consell anunció que, si gana las próximas elecciones, suprimirá algunas consellerias pero que “la primera conselleria y primer conseller que nombre será la de Agricultura”. Tras ser obsequiado con una insignia por parte de una vecina de Moixent, Camps prometió erigirse en el ‘Guerrero de Moixent’ en la defensa del campo valenciano.

La reclamación de Aguado acerca del uso obligatorio de los contratos está en consonancia con algunas de las medidas que ya prepara la Comisión Europea y que incluso ya ha puesto en práctica Francia. Así lo expuso el director de ASAJA-Bruselas, Pedro Narro, quien recordó que el ejecutivo de Sarkozy ya llegó a un acuerdo con la gran distribución gala para controlar sus márgenes comerciales y su incidencia en los precios en origen y al consumidor y que recientemente advirtió de que impondrá fuertes sanciones a aquellos operadores lácteos y hortofrutícolas que no realicen sus compras con contrato. “Francia y el Reino Unido -que también prepara sanciones a los que incumplan el Código de Buenas Prácticas existente desde hace décadas- están a años luz de España y de otros tantos países en la defensa de precios justos para todos los eslabones de la cadena”, según Narro.

El director general de Investigación, Manuel Lainez, anunció la inmediata puesta en marcha del Observatorio de Precios para cítricos y frutas y hortalizas. Según aclaró, en breve se difundirá a través de Internet la evolución de los precios en origen, en los principales ‘mercas’ y en la gran distribución de Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia. El objeto de este organismo será obtener un banco de datos para analizar el proceso de formación de los precios, articular un foro de comunicación y hacer estudios y propuestas de trabajo. De igual manera, el siguiente paso en el proceso de concertación agroalimentaria consistirá en acordar el citado Código de Buenas Prácticas e influir para que éste se extienda a nivel nacional, reclamando también el uso obligatorio de los contratos.

La ejecutiva de relaciones institucionales de Consum, Carmen Picot, resaltó el poder de los socios consumidores tanto en el Consejo Rector como en la Asamblea General de esta cooperativa valenciana. Picot lidió en la polémica y coincidió con Aguado en que “cuando las bajadas de los precios de las materias primas repercuten en los alimentos, reconocemos públicamente que el mérito es de los agricultores”.

Por su parte, la presidenta de AVAMFAR, Marian Corbí, reivindicó el “papel invisible” de las mujeres en el medio rural y exigió la agilización de los trámites para desarrollar el Decreto de Titularidad Compartida en las explotaciones agrarias, el cual iguala los derechos de la mujer a los del hombre como propietarios.