ASAJA CORDOBA ha constatado con enorme sorpresa y perplejidad que la Subdelegación del Gobierno en Córdoba considera, y así lo ha comunicado por escrito a los afectados, que no es actividad empresarial la desarrollada en un establecimiento agrario. Esa es la argumentación utilizada para denegar a los agricultores y ganaderos de la provincia de Córdoba las ayudas para sufragar los daños que las adversidades climatológicas produjeron en sus establecimientos agrarios, ayudas que solicitaron al amparo de lo dispuesto en la Ley 30/2010, de 10 de marzo, de medidas urgentes para paliar daños por las inundaciones.

Ningún solo agricultor o ganadero de la provincia de Córdoba, visto lo visto, va a poder cobrar un solo euro en concepto de ayudas por los daños producidos por las adversidades climatológicas del último invierno. Y no van a poder hacerlo, no solo por las condiciones de exigencia que se imponían a los posibles solicitantes de las ayudas, sino también porque, aún cumpliéndolas, el Gobierno de España las deniega utilizando para ello argumentos carentes de fundamento, como el que “no es actividad empresarial la desarrollada en un establecimiento agrario”. Parece que las ayudas que se anunciaron a bombo y platillo para los afectados por las inundaciones, para las que incluso se promulgó una ley, van a quedar en nada. Asaja Córdoba considera que en un Estado de Derecho, las normas están para cumplirlas, no sólo por los administrados sino también por los propios poderes públicos, máxime cuando son los mismos quienes las han promulgado, por lo que sus servicios jurídicos van a proceder a recurrir todas las ayudas denegadas.

Conviene recordar que las intensas lluvias acaecidas en la provincia de Córdoba a finales del año 2009 y durante los primeros meses del año 2010, al ser tan intensas y prolongadas en el tiempo, produjeron efectos catastróficos sobre los suelos agrarios, que además de afectar a las producciones agrícolas de la última campaña, ocasionaron daños duraderos en la capacidad productiva de los suelos, debido en unos casos a la erosión hídrica y a corrimientos de tierras, y en otros al depósito de materiales arrastrados por las aguas sobre los campos.

Todos estos efectos devastadores en el sector agropecuario cordobés fueron reconocidos por el propio Gobierno que promulgó una serie de normativas legales que amparaban y protegían a las zonas afectadas con un elenco de ayudas e indemnizaciones, pero que a día de hoy han quedado en papel mojado: Ni un solo euro han percibido agricultores y ganaderos.

ASAJA CORDOBA denuncia que este tipo de publicidad engañosa que se realiza con pretensiones ajenas a los intereses del sector, crea falsas esperanzas y expectativas en un sector demasiado castigado, lo cual es una irresponsabilidad por parte de los que la realizan con excesiva frecuencia.