Ayer, el Comisario de Agricultura de la UE, Dacian Ciolos presentó la Comunicación sobre el futuro de la política agraria: “La PAC hacia 2020: responder a los retos futuros de la alimentación, los recursos naturales y el territorio”. Dicho documento servirá para ser base de debate entre los Estados miembros con el fin de definir el tipo de política agraria que se quiere a partir de 2014. Según lo que se perfile, la Comisión presentará una propuesta de reglamento a mediados del próximo año.

La Comisión , tras reafirmar la necesidad de una Política Agraria Común con tres objetivos principales (producir alimentos, gestionar los recursos naturales y mantener el equilibrio territorial) parte de dos premisas iniciales: 1.Hay que mantener el actual sistema de dos pilares: un primer pilar (pagos directos y medidas de mercado, con normas claramente definidas a nivel de la UE) y un segundo pilar (que abarca medidas de desarrollo rural plurianuales, con un marco comunitario pero dejando la elección final de los regímenes a los Estados miembros) y 2. los pagos directos al productor no pueden basarse en periodos de referencia históricos.

Usando como base común dichas premisas, la Comisión plantea tres posibles escenarios para que sirvan de ejes de debate:

1. Status quo, es decir, prácticamente no hacer ningún cambio.

2. Ir hacia una reforma más equilibrada y con un apoyo más sostenible.

3. Eliminar los apoyos a las rentas y al mercado.

La primera y la tercera son las opciones más extremistas: no hacer cambios o eliminarlo todo .

La primera opción es la opción inmovilista. La idea sería mantener sin cambios el sistema de ayudas pero introduciendo más equidad en la distribución de los pagos directos entre los Estados miembro. Se reforzarían las herramientas de mercado y de desarrollo rural.

La tercera opción es la opción radical, ya que supondría la eliminación de los pagos directos y de las ayudas al mercado y solo se proporcionaría unos pagos limitados por beneficios públicos medioambientales.

La segunda opción, que es una intermedia entre las otras dos, resulta la más realista y parece que es por la que se decanta la Comisión ya que es sobre la que más profundiza. El objetivo es proponer una mayor equidad en la distribución de los pagos directos entre los estados miembros y, además, dichos pagos tendrían cambios sustanciales en su diseño.

Los pagos directos estarían compuestos por un importe básico, completado por otros pagos.

Según la Comisión, este importe básico no debería ser igual en toda la UE, pero tampoco serían admisibles desigualdades como las actuales, por lo que sugiere como fórmula que se asegure que, en toda la UE, los agricultores no reciban menos de un cierto porcentaje (sin cuantificar) de la media europea, que tampoco se indica como se establecería (por hectáres, por empleo, por explotación, etc.). El pago básico sería uniforme por Estados o por regiones. Esta distinción por zonas podría resultar fuente de mucho conflicto , ya que aunque ahora existen enormes desigualdades, son menos visibles porque quedan algo difuminadas por la variabilidad individual. Los productores de una zona que cobran menos se sentirían en desigualdad de condiciones con los de otras zonas que cobran más. Además, tampoco se ha especificado el criterio que se aplicaría para variar los importes. ¿Los agricultores y ganaderos de países que tienen una renta agraria menor percibirían una prima base más alta que los que son de países con mayores renta medias? o ¿sería qué los agricultores de países que contribuyen más al presupuesto comunitario percibirían más prima base?. En todo caso, la comunicación apuesta claramente por una redistribución territorial, disminuyendo las desigualdades vigentes.

La Comunicación también sugiere que el pago básico tendría un límite máximo para las grandes explotaciones individuales, con la posibilidad de suavizar este límite teniendo en cuenta el empleo asalariado, si bien la Comisión no especifica ningún umbral .

El pago base se podría complementar con otros 3 pagos, según se cumplieran ciertas condiciones medioambientales o se estuviera en zonas con determinadas características:

– Pago obligatorio de carácter medioambiental.

– Pago por condicionantes naturales específicos (zonas de montaña u otras) .

– Pago opcional a las producciones o zonas vulnerables (parecido al actual artículo 68) .

El pago de carácter medioambiental sería para la financiación de acciones adicionales (anuales) que vayan más allá de las normas básicas de condicionalidad (en relación con la cubierta vegetal, la rotación de cultivos, los pastos permanentes o la retirada de tierras por motivos medio ambientales). De los tres pagos adicionales, éste es el único que la Comunicación menciona que sería obligatorio, ¿significaría esto que los otros dos pagos adicionales se aplicarían o no según decidieran los Estados miembros, lo que podría conducir a la asunción implícita de «sobres» nacionales?.

El pago a los agricultores de zonas con condicionantes naturales específicos, vendría definido a nivel de la UE y sería complementario de los importes pagados en el marco de medidas de desarrollo rural. En un borrador anterior a esta Comunicación oficial se indicaba expresamente que este pago adicional sería cofinanciado y parecía excluir ayudas similares en el segundo pilar, si bien en la versión definitiva se aclara que este pago del primer pilar puede ser complementado con otros similares cofinanciados en el segundo pilar (como las actuales ayudas para zonas de montaña).

El pago «asociado» opcional, tendría un límite máximo y se destinaría a las formas de agricultura particularmente vulnerables. La Comunicación dice que sería similar a la opción actual, introducida por el artículo 68 de la revisión de la PAC. ¿El presupuesto de este pago vendría de una deducción del presupuesto total de las ayudas?.

La Comunicación también habla de introducir un nuevo régimen para las pequeñas explotaciones con menos trámites administrativos.

Las medidas de mercados (intervención y ayuda al almacenamiento) se mantendrían, si bien estas medidas son cada vez más testimoniales. En el 91, las medidas de mercado suponían el 92% de los gastos de la PAC, sin embargo en 2009 fueron solo un 7%. También señala la posibilidad de introducir elementos destinados a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (¿contractualización? ¿observatorios europeos de precios y márgenes?, ¿mercados de futuro?, ¿interprofesionales? ¿etiquetado del origen?).

En el apartado de desarrollo rural, la Comunicación de la Comisión introduce la idea de un instrumento opcional de estabilización de rentas, la posible redistribución de fondos entre Estados miembros con criterios objetivos (aunque aquí también aflora el pragmatismo y se propone «evitar una ruptura total» con el reparto actual) y la priorización en medio ambiente, cambio climático e innovación.