La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la comunicación oficial sobre la reforma de la PAC presentado hoy por el Comisario Ciolos es ambiciosa en sus objetivos pero altamente decepcionante a nivel presupuestario y a la hora de concretar los mecanismos de regulación de mercados y medidas para corregir los desequilibrios de la cadena agroalimentaria.

Resulta novedosa la consideración, como primer eje estratégico, de la preservación del potencial de producción agraria en toda la UE, algo que se liga a la seguridad alimentaria de los ciudadanos que no puede darse por garantizada en Europa a largo plazo en tiempos de crisis. Un reconocimiento implícito al carácter estratégico del sector agrario. Saludamos además el elemento novedoso que supone la contribución de los agricultores a la lucha contra el cambio climático y en la respuesta a la crisis energética.

Asimismo, COAG respalda expresamente la idea de ligar el apoyo a los agricultores en activo, así como el establecimiento de un “techo” de ayudas por explotación para que las grandes fortunas no sigan aprovechándose de los recursos públicos. Creemos que el sistema de pagos directos debería pivotar sobre la actividad agraria que ejercen los agricultores y agricultoras profesionales y legitimarse básicamente en el empleo que generan las explotaciones.

Sin embargo, COAG considera muy decepcionante la propuesta a nivel presupuestario, ya que con una UE de 27 países en igualdad de condiciones y unos fondos de la PAC congelados desde 2003 y presupuestados para la Europa de los 15, difícilmente se podrán alcanzar los objetivos tan ambiciosos que se definen y dar respuesta eficaz a los retos que se plantean.

Asimismo, COAG crítica la escasez de medidas planteadas para regular los mercados. La UE debe cambiar su política de desregulación de los mercados y debe reinstaurar los mecanismos que eviten la fluctuación de los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que superen sus costes de producción (gestión y regulación, intervención, control de la producción, almacenamiento privado, cláusula de medidas excepcionales, control en frontera, precios de entrada, contingentes y calendarios, equilibrio en el poder de negociación en la cadena agroalimentaria, etc.). “Se vuelve a fallar en lo fundamental: el mantenimiento de las rentas. No se hace una política que controle la volatilidad de los precios en el campo y al consumidor final y por el contrario se vuelve a dejar la alimentación en manos de un mercado especulativo”, ha puntualizado Miguel López, Secretario General de COAG, a lo que ha añadido que “el 70% de la renta de los agricultores españoles viene del mercado, por lo que las ayudas, por si solas, resultan ineficaces para resolver la crisis del sector agrario y garantizar las rentas”.

La única parte positiva dentro del apartado de medidas de mercado es el análisis que se hace sobre funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa, en la que se reconoce, sin medidas concretas, el desequilibrio del poder de negociación dentro de la cadena (a favor de la gran distribución) y el injusto reparto del valor, a la vez que se nombran algunos aspectos a abordar: transmisión de las señales del mercado, relaciones contractuales, reestructuración y consolidación del sector primario, transparencia y mercados de futuros.

Por otro lado, COAG también rechaza el enfoque de la Comunicación sobre política comercial que promueve una liberalización aún mayor del comercio internacional. “No podemos continuar con la hipocresía de aceptar importaciones de países terceros, sin ningún control ni exigencia en cuanto a las normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Supone traicionar el principio de preferencia comunitaria”, ha subrayado López.

En cuanto a las medidas de desarrollo rural, COAG acoge favorablemente el mantenimiento de un segundo pilar de la PAC destinado a mejorar la eficiencia de las explotaciones agrarias y la gestión sostenible de los recursos naturales, pero rechaza que las herramientas de gestión de riesgos se introduzcan dentro de la política de desarrollo rural, ya que conceptualmente es una política ligada a la gestión económica de la explotación.