Las medidas específicas en favor de la agricultura de las regiones periféricas de la Unión Europea y de las islas menores del Mar Egeo fueron creadas para tener en cuenta la situación estructural social y económica de estas zonas. El Tribunal de Cuentas Europeo evaluó la eficacia de estas medidas específicas tras su reforma en 2006, que optó por una mayor participación regional y por la descentralización y la flexibilidad en la toma de decisiones, sobre la base de programas presentados por los Estados miembros para su aprobación por la Comisión Europea.
El Tribunal observó en general que las medidas específicas fueron eficaces y de enorme importancia para la agricultura de estas regiones, aunque identificó varias insuficiencias en la gestión del régimen, lo cual indica que dichas medidas son todavía susceptibles de mejora.
El Tribunal ha llegado a la conclusión de que no se ha aprovechado suficientemente el nuevo enfoque ascendente y descentralizado que introdujo la reforma de las medidas específicas de 2006 para mejorar la eficacia de éstas. En la fase de programación y aprobación de los programas, que se desarrollaba durante un período de seis meses únicamente, la Comisión prefirió adoptar un papel de controlador de la conformidad y de la coherencia de los programas en lugar de asumir su tarea de gestor y contribuir activamente a la concepción de los programas para desarrollar su eficacia. Esta observación es también válida para el procedimiento de modificación de los programas durante los ejercicios siguientes.
Por lo que se refiere a la ejecución de los programas, el Tribunal identificó medidas o acciones que, por su concepción, resultarán en el mejor de los casos poco eficaces. Además, los sistemas de control existentes en los Estados miembros afectados no siempre están adaptados a la diversidad de las medidas específicas.
La Comisión no efectúa con suficiente regularidad un seguimiento de la eficacia de las medidas específicas, sino que se limita sobre todo a evaluar estas medidas por períodos quinquenales. Los informes de ejecución que los Estados miembros presentan anualmente no están lo suficientemente armonizados para constituir un sistema de información de gestión para la Comisión.
Sobre la base de sus observaciones, el Tribunal ha formulado una serie de recomendaciones para ayudar a la Comisión y a los Estados miembros afectados a mejorar la gestión de las medidas específicas.
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