ASAJA demanda a la Administración un control riguroso sobre la comercialización de cobre, prohibiendo incluso por ley su comercio para el material que no disponga de guía de origen, en el que se especifique su origen y destino.

Numerosos agricultores y ganaderos de la provincia vienen sufriendo el robo de este material específico presente en forma de cable en transformadores eléctricos o pivots de riego. Su robo, además del propio valor económico de la maquinaría, provoca graves trastornos, derivados de la imposibilidad de desarrollar la tareas habituales hasta el arreglo o reposición de lo sustraído. Además, la Organización insiste en el control periódico de negocios como chatarrerías y desguaces, para comprobar la procedencia de estos materiales y verificar sus contratos de compra-venta.

Por otra parte, ASAJA lamenta que las modificaciones del Código Penal, que entraron en vigor el pasado jueves, no contemplen el endurecimiento de las penas para este tipo de delitos, cometidos habitualmente por delincuentes reincidentes. Durante este año, la Organización solicitó a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado que la reforma del Código contemplara un endurecimiento de las penas por robos en el campo, que evitara la reincidencia en los hurtos.

La Organización considera que el sistema judicial es excesivamente garantista con los derechos de los delincuentes, y que prioriza una clara indefensión de los agricultores y ganaderos que son perjudicados por acciones delictivas.

Además, continúa instando al Ministerio del Interior a que se dote de más medios y efectivos a los Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a la velar por la seguridad en el campo.

ASAJA sigue luchando por la denuncia de todos estos hechos y felicita a los Cuerpos de Seguridad del Estado por las últimas actuaciones desarrolladas, con el resultado de decenas de detenidos relacionados con robos en fincas y explotaciones.