LA UNIÓ de Llauradors ha presentado a los Ministerios de Medio Rural y Economía y Hacienda un completo informe para que el Gobierno apruebe reducciones fiscales para los diferentes sectores agrícolas y ganaderos de la Comunitat Valenciana que sufrieron a lo largo del pasado año multitud de circunstancias de extraordinaria índole, desde climatológicas (lluvias persistentes con inundaciones, heladas y pedriscos) hasta plagas y enfermedades; así como crisis de precios e incremento generalizado de los costes de producción.

El Ministerio de Economía y Hacienda publicó en noviembre una Orden con las reducciones para la declaración de la renta de este año 2011 y sólo contaba con cambios para la uva de mesa, tabaco y planta ornamental que ya estaban en 2010. Ahora, LA UNIÓ justifica con argumentos la necesidad de aprobar nuevas rebajas fiscales para el campo valenciano debido a las elevadas pérdidas de los productores que afecta gravemente a sus rentas.

El informe de LA UNIÓ se basa en un exhaustivo informe con los costes productivos de cada cultivo que pone de manifiesto que actualmente se está en márgenes negativos de rentabilidad en la mayor de cultivos y subsectores ganaderos y que por tanto se precisa una adecuación de los índices de rendimiento neto de las actividades agrarias a la realidad.

LA UNIÓ arguye en su informe que los ingresos que perciben los agricultores y ganaderos bajan o se mantienen y su capacidad negociadora en la cadena agroalimentaria es prácticamente nula ya que el precio de su producto viene impuesto por intermediarios (empresas, cooperativas, SAT, etc.). Por otra parte, los precios de los inputs tienen una clara tendencia alcista (electricidad, gasoil, fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, piensos, etc) y se suprimieron las reducciones del 15% por compra de plásticos o fertilizantes, y la del 35% del gasoil. En este sentido, el productor tampoco tiene capacitad negociadora sobre los precios de los inputs, con el agravante de no poder repercutir los incrementos de los costes de producción al resto de la cadena agroalimentaria. En definitiva, el agricultor y ganadero no tiene capacitad negociadora ni sobre el precio de su producto ni sobre los precios de los componentes de los costes de producción, lo cual le está provocando una injusta presión fiscal o, lo que es el mismo, una presión fiscal encubierta.

Paralelamente a la reducción del módulo fiscal en cultivos y subsectores ganaderos LA UNIÓ demanda la inclusión de un índice corrector del rendimiento neto previo por la suscripción de un seguro agrario, la inclusión de un índice corrector del rendimiento neto previo a los ingresos procedentes de explotaciones acogidas a primera instalación y a planes de mejora durante los primeros cinco años o la modificación del sistema de tributación de las indemnizaciones procedentes de siniestros no controlables por el agricultor y ganadero. Del mismo modo pide que se vuelva a tener en cuenta la deducción del 10% de los gastos de difícil justificación, la reducción del 35% del precio de compra de gasóleo de uso agrícola o la reducción del 15% del precio de compra de fertilizantes o plásticos.

Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, señala que “el aumento de la presión fiscal provoca que las pequeñas y medianas explotaciones tengan un umbral de viabilidad cada vez más alto y por lo tanto, sobre todo en época de crisis, se acelera la pérdida del tejido productivo agrario y el abandono de muchas explotaciones en una comunidad tradicionalmente agrícola como la valenciana”.