El estudio –que realiza una comparativa de la política hidrológica de los cinco principales países de nuestro entorno- pone de manifiesto que mientras Europa tiende a optimizar al máximo sus recursos hídricos organizando la gestión del agua bajo el paraguas de los ríos de mayor tamaño, la corriente española es la inversa, multiplicando las demarcaciones hidrográficas para hacerlas coincidir con las fronteras territoriales de las distintas provincias debido a las presiones que ejercen las propias comunidades autónomas.

De esta forma, en la actualidad España triplica la media europea con 25 demarcaciones hidrográficas (DH), hasta el punto de que cada isla canaria presenta su propia política hidrológica en lugar de agrupar en un único plan a todo el archipiélago. Más flagrante es incluso el caso de ciudades como Ceuta y Melilla donde, a pesar de no existir cuenca en el sentido estricto del término, tienen cada una sus respectivos planes al haberse escindido de la DH del Guadalquivir.

Por su parte, Alemania –que cuenta con el mismo número de ríos principales que España (7)- distribuye la gestión de sus recursos hídricos a través de diez demarcaciones hidrográficas; mientras que Francia, país similar en extensión al nuestro, cuenta con doce DH.

Por el contrario, países como Italia suman más ríos que demarcaciones hidrográficas, ya que una sola engloba la gestión de varias cuencas, ahorrando recursos públicos. Así, por ejemplo, en torno al Tíber se agrupan también la planificación de las aguas del Arno y Adigio, entre otros, en la DH de los Apeninos Septentrionales, la DH de los Apeninos Centrales y la DH de los Apeninos Meridionales.

Hacia un ‘modelo decimonónico’

El informe de Fenacore muestra que, paradójicamente, mientras en otros países de nuestro entorno propician una organización institucional común donde las cuencas intracomunitarias son gestionadas por las Demarcaciones Hidrográficas dependientes de la Administración Central, España está volviendo al mismo modelo administrativo del siglo XIX donde la figura política del gobernador civil ostentaba la potestad exclusiva sobre las aguas de la provincia, rompiendo frontalmente con el principio de unidad de cuenca que ha inspirado toda la normativa europea en esta materia. Paradójicamente, tuvo su origen en nuestro país en 1926 con la fundación de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Esta tendencia decimonónica de “provincializar” la gestión de los ríos conlleva, por un lado, a un reparto del agua basado en las prioridades de un territorio concreto, poniendo en peligro los intereses generales. De hecho, según el estudio, se ha demostrado cómo cuando se gestiona una cuenca de modo compartido llegan incluso a producirse descoordinaciones en la administración del agua, como las inundaciones ocurridas en la cuenca del Guadalquivir que acarrearon graves perjuicios a toda la sociedad y, por supuesto, a los regantes.

Por otro lado, esta territorialización de los planes de cuenca puede llevar a una falta de rigor en la toma de decisiones en la gestión del agua, ya que –como ocurría en el siglo XIX- la responsabilidad de la planificación fluvial, como sucede en el caso del Guadalquivir, pasaría a ser competencia de los representantes de Medio Ambiente de cada provincia, que carecen de conocimientos técnicos, con los riesgos que esto conlleva para la viabilidad de los cultivos y de la agricultura en general.

Además, el informe recalca que esta política hidrológica “territorializada” que podría reiniciarse de nuevo en España, desmarcándose de otros países europeos, no se ajusta a la Constitución, ya que tal y como recoge la carta magna en sus artículos 149 y 18, la gestión de cuencas supraterritoriales o intercomunitarias corresponde exclusivamente al Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas.

De esta forma, ante la invasión de competencias constitucionales que está protagonizando este nuevo modelo, derivado de la extralimitación de las respectivas legislaciones autonómicas en materia de aguas, la Federación Nacional de Regantes viene solicitando la puesta en marcha de un Pacto Nacional por la unidad de cuenca, capaz de reforzar las funciones del Estado en materia de aguas y poner fin a la titularidad exclusiva sobre los ríos que pasan por su territorio que “arbitrariamente” vienen atribuyéndose en estos últimos años las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Castilla-León a través de sus reformas estatutarias.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “el agua debe seguir siendo un bien común, distribuida de un modo equitativo entre todos los habitantes de cada país y no de los que la tengan más cerca. Esto se consigue con una independencia política en su gestión y realizada a nivel de cuenca o demarcación hidrográfica. Sólo así conseguiremos que la distribución del agua responda a criterios técnicos y no políticos, evitando cualquier tipo de conflictividad social”.