España es el tercer productor agrícola de Europa, sólo por detrás de Francia e Italia, según datos de la Comisión Europea (CE) recogidos por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE). De esta forma, nuestro país aporta más del 12,5% del total de productos hortofrutícolas al mercado común, mientras que las producciones francesa e italiana contribuyen con un 19% y un 13%, respectivamente.

El informe -que muestra una comparativa por países del volumen de producción agraria de la UE de los 27- revela que seis Estados miembros concentran más del 70% de la exportación total. Así, a los tres primeros productores, les siguen potencias económicas como Alemania (12,2%) o Reino Unido (6,9%) y países de reciente incorporación como Polonia (5,7%).

A la cabeza en producción, a la cola en renta

Las cifras de producción agraria del campo español contrastan con la baja renta que perciben los agricultores, de manera que nuestro país es al mismo tiempo uno de los principales exportadores y uno de los que menos rendimiento económico obtiene de su actividad.

En el último año, la renta agraria española aumentó tan sólo un 6%, la mitad que la media europea y muy lejos de los crecimientos experimentados por otros productores de peso como Francia (+31,4%) o Alemania (+22,8%), lo que nos sitúa entre los últimos puestos de la UE-27 en términos de incremento de renta.

Este desequilibrio entre la elevada producción y el desplome del poder adquisitivo del sector -que en los últimos cinco años ha retrocedido más de un 26%- pone de manifiesto la pérdida de competitividad que están experimentando los productos agrarios españoles dentro de la UE.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, «los países del Mercosur ya han comenzado a introducir productos agrícolas en la Unión a precios más bajos, provocando una aguda crisis en nuestra agricultura. De hecho, ahora mismo nos sale más barato importar que comprar nuestras propias frutas y hortalizas».

Por esta razón, la Federación llama la atención sobre la necesidad de desarrollar una política agraria que garantice la supervivencia de un sector estratégico para la economía española, con una aportación al PIB del 2,8% e incluso superior al 15% si se tiene en cuenta toda la industria agroalimentaria asociada.

Por este motivo, defiende que la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) de 2014 incluya las enmiendas necesarias para estabilizar la renta agraria de los agricultores españoles y evitar que vendan sus productos a un precio por debajo de los costes de producción cuando, paradójicamente, los consumidores europeos deben pagar de media cuatro veces más por ellos en los mercados.

Según del Campo, «si no se ataja esta situación los agricultores se verán obligados a abandonar su actividad. Algo que resulta inconcebible cuando es necesario incrementar la productividad agraria en más de un 43% antes de 2030 y en un 72% antes de 2050 para abastecer las necesidades alimenticias de una población mundial creciente y actualmente desabastecida».