La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) ha iniciado una ronda de contactos políticos de alto nivel, con el fin de instar a los presidentes de las comunidades autónomas y al Defensor del Pueblo a interponer recursos de inconstitucionalidad contra el apartado 2 del artículo 94 de la Ley de Aguas que reconoce el traspaso a Andalucía, Aragón y Cataluña de las competencias sobre el Dominio Público Hidráulico (DPH).

Tras conocerse hoy la convalidación en el Congreso del Real Decreto por el que se reforma el texto refundido de la Ley, la Federación ha confirmado que hará extensiva esta apelación a los parlamentos autonómicos, así como a un centenar de diputados y senadores, llegando de esta forma a todos los políticos habilitados para poner en marcha la herramienta jurídica que declare nula esta norma que atenta «en forma y fondo» contra la Carta Magna.

En relación al proceso seguido para la aprobación de la reforma, apuntó que ésta se ha realizado con «agostidad y alevosía» incluida en un paquete de medidas con el fin de que pasara desapercibida ante la opinión pública y conseguir sacarla adelante antes de que concluya esta legislatura.

Fenacore explica que la Constitución reserva el Real Decreto Ley para casos «de extraordinaria y urgente necesidad» cuando la cesión de la policía del Dominio Público Hidráulico no lo es, lo que muestra que se ha tratado de agilizar la tramitación y de incorporar la ley al ordenamiento acortando los plazos habituales del proceso ordinario de aprobación.

En su opinión, todo hace indicar que a poco más de un mes para que finalice la encomienda transitoria que el Gobierno otorgó a la Junta de Andalucía para la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Constitucional ambos trabajan a «contrarreloj» para encontrar el modelo adecuado que permita a esta región recuperar el control de la cuenca, obviando acatar las sentencias existentes.

La Federación recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional anularon este verano las competencias de Andalucía sobre el Guadalquivir reflejadas en su Estatuto de Autonomía, lo que pone de manifiesto que cualquier pretensión de territorializar la gestión del agua a través de arquitecturas jurídicas o estrategias legales debe ser igualmente invalidada.

Por otro lado, la modificación no ha sido llevada a consulta ni al Consejo Asesor de Medio Ambiente ni al Consejo Nacional del Agua, organismo que debería haber emitido un informe preceptivo al respecto, tal y como marca la propia Ley de Aguas en su artículo 20.

Además, la reforma se ha sacado adelante vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin contar con los usuarios ni el resto de administraciones afectadas por la medida, como es el caso de Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, vulnerando el artículo 8 del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información y participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa.

Finalmente, Fenacore recuerda que el Dominio Público Hidráulico no es susceptible de transferencia ni delegación y así se recoge en el artículo 149.1.22 de la Constitución, donde se establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre el control, inspección y vigilancia de las concesiones y de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas públicas.

Según su presidente, Andrés del Campo, «la promulgación del Real Decreto Ley 12/2011 es una acción inconstitucional e irresponsable. Pero al margen de su inconstitucionalidad, esta reforma es, sobre todo, perjudicial para los usuarios y, muy en particular, para los andaluces porque en lugar de defender los intereses generales responde a intereses localistas y políticos, lo que generará conflictos territoriales por la distribución de los recursos hídricos, sobre todo, en épocas de sequía».