La Unión Europea desmiente a la Consejería de Agroganadería en el conflicto que mantiene con los once Grupos de Desarrollo Rural (GDRs, en adelante) que operan en el Principado de Asturias y que se encuentran aglutinados y representados por la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER, en adelante).

Así se pone de manifiesto en la respuesta a la consulta evacuada por el Presidente de la Red, Francisco González Méndez, a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, a través de la Jefa de Unidad de dicha dirección, Silvia Michelini. Según se recoge en el dictamen remitido, “el grado de ejecución del Eje LEADER en Asturias es muy inferior al que sería razonable esperar en estas fechas”.

Los datos que operan en la Comisión Europea, finalizado el tercer trimestre de 2011, apuntan a que el nivel de ejecución del Eje LEADER, es decir los proyectos certificados y pagados a promotores hasta esa fecha, representa el 17,3% de los gastos previstos para el periodo de programación 2007-2013. Esta aseveración desmiente rotundamente las acusaciones vertidas por el Consejero de Agroganadería y Recursos Autóctonos, Albano Longo, en el que señalaba que los once GDRs habían gastado más fondos de los debidos y en concreto, señalaba a los grupos Navia-Porcía y Ese-Entrecabos, respectivamente. Los once grupos manifiestan ahora que “no sólo mintió y a la vista está que la Unión Europea señala que el nivel de gasto, es decir, de ayudas entregadas a los promotores, es muy inferior al esperado en estas fechas, si no que demuestra un desconocimiento total y absoluto del programa y de la filosofía del mismo”.

Los once grupos manifiestan además que tanto Ese-Entrecabos (cuyo nivel de ejecución del programa es: 28,9%, certificado, y 27,99% pagado) y Navia Porcía (el 31,5% certificado y el 26,94% pagado) lo que han logrado es subir la medida general, que aún así, a juicio de la Unión Europea, sigue siendo baja. “Es una desfachatez atacar a grupos que han gestionado ayudas, que las han pagado gracias a las pólizas de crédito que han suscrito para poder adelantar los pagos a promotores antes de que el Principado las abonara, y que así, éste las pudiera certificar y enviar a la Comisión para recibir a su vez los fondos retornables de la Unión Europea”, señalaron los presidentes de los grupos, que añaden que lo que pretende hacer el sr. Longo es, en definitiva, “no aportar la parte correspondiente al Principado y beneficiarse de unas pólizas de créditos que a él le han servido para certificar y recibir fondos europeos”.

Respecto a la posibilidad de modificar el Plan de Desarrollo Regional (PDR), donde se incluye el convenio suscrito con los once grupos asturianos, la Unión Europea también se ha pronunciado al respecto. La Autoridad de Gestión del Programa, es decir, el Gobierno del Principado, puede proponer a la Comisión Europea la modificación del programa suscrito, “previo acuerdo” del Comité de Seguimiento regional.

En dicho comité está integrada tanto la Red Asturiana de Desarrollo Rural como la Federación Asturiana de Concejos. La Unión Europea dice explícitamente al Consejero de Agroganadería, el sr. Albano Longo, que el convenio suscrito no se puede modificar de forma unilateral sin contar con nuestro acuerdo. Y además hace expresa referencia a que esta norma es aplicable no sólo a los fondos cofinanciados por la Unión Europea, el Estado y el Principado, sino también a la financiación adicional, es decir los 54 millones que el gobierno de la legislatura anterior aprobó con los grupos y que ahora se “quiere cargar el actual ejecutivo”.

Finalmente, la Unión Europea sostiene que el Gobierno del Principado “es el responsable de la gestión y de la implementación eficaz, efectiva y correcta del programa de desarrollo rural”. Eso significa que si se aplican recortes en las ayudas comprometidas en el convenio suscrito, -recortes que afectan directamente a las previsiones de fondos con los que trabajaban los grupos y con los que éstos suscribieron pólizas de crédito para agilizar las ayudas a promotores y de las que también se benefició el Principado para certificar y recibir fondos adicionales europeos-, no podrá nunca culpar a los grupos leader de su mala gestión, ni de que estemos abocados al cierre, ni tampoco podrá escudarse en que los promotores no acuden a las ayudas porque ninguno de ellos afrontará una inversión subvencionable con los leader, porque sabrán que en el mejor de los casos, las cobrarán dentro de cinco años. El único responsable del fin de los leader, de la creación de puestos de trabajo, de la diversificación de la economía de 67 municipios asturianos, será el gobierno del Principado.